EH Bildu considera contra la democracia la voluntad del Gobierno Vasco de cambiar la Ley de Administración Ambiental


2021-11-16

Pello Otxandiano, director de programas de EH Bildu, y Onintze Oleaga, responsable de política municipal de EH Bildu, han comparecido hoy para denunciar las enmiendas presentadas por el Gobierno Vasco a la Ley de Administración Ambiental. De salir adelante esta enmienda el Gobierno tendrá capacidad, en nombre del interés general, para imponer proyectos concretos a los ayuntamientos.

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Ayer Arantxa Tapia definió la cumbre de Glasgow como histórica, aunque el acuerdo, dijo, no sea perfecto. Nadie debería de lanzar mensajes triunfalistas en esta situación. Afortunadamente nadie lo hace fuera de aquí. Ni los líderes internacionales, ni la prensa internacional, y mucho menos la comunidad científica internacional. Porque la cumbre de Glasgow queda lejos de catalogarse como histórica.

Estamos frente al mayor reto que han afrontado jamás las sociedades modernas. Y en un contexto así, el liderazgo institucional se ha de basar en el rigor científico. La siguiente generación juzgará nuestra diligencia en un contexto histórico determinante.

La realidad es que la cumbre de Glasgow deja más sombras que luces:

La suma de los planes de mitigación nos deja en un aumento de temperaturas de 2,7ºC, muy lejos del ansiado 1,5ºC, aunque el documento insista en ese objetivo.

Cuando la ventana de oportunidad se cierra no cuentan las declaraciones sino los compromisos reales. La suma de los planes de mitigación de los gobiernos nos dejan muy lejos de los objetivos del Acuerdo de París.

Se ha constatado, una vez más, la enorme influencia del lobby de los combustibles fósiles que acaban imponiendo sus tesis. Por lo que los compromisos necesarios no llegan, y el tiempo se agota. Cada día que pasa la posibilidad de un cambio climático catastrófico es mas real. Y para evitarlo no es suficiente con comprometerse con emisiones netas 0 para el 2050, sino que hace falta una planificación que comprenda la reducción de la mitad de las emisiones de aquí a final de década. Quedan 9 años.

Esto es un reto de dimensiones colosales, y lo peor que se puede hacer en estas circunstancias es simular que la situación está bajo control, cuando, en realidad, en la Comunidad Autónoma Vasca no existe hoja de ruta alguna para alcanzar los objetivos climáticos en los plazos requeridos.

Porque la verdad es que la Comunidad Autónoma Vasca no cuenta con una planificación congruente para hacer el camino hacia la neutralidad climática. Los planes climáticos y energéticos vigentes son anteriores al Acuerdo de París, la ambición climática que plantean queda muy por debajo de los reglamentos de la Unión Europea que son de aplicación directa. Ha habido casi 0 reducción de los gases de efecto invernadero durante el mandato de Urkullu, y llegamos con un desarrollo de energías renovables absolutamente deficiente fruto de apuestas estratégicas erróneas en el pasado reciente.

Reina la improvisación y la política de fuegos de artificio, tratando de simular que la situación está bajo control, cuando no lo está. Y es en esta situación, en la que, además, no existe marco regulatorio para coordinar las políticas sectoriales relacionadas con la acción climática (porque a día de hoy no existe Ley del Cambio Climático y Transición Energética) cuando llega este intento de modificar la Ley de Ordenación del Territorio a través de una enmienda a la Ley de Administración Ambiental.

Y, ¿qué es lo que se pretende con esto? ¿Qué es lo que este Gobierno tiene en mente? Esta es la duda que nos asalta ante esta maniobra. Porque esto es hacer las cosas por la puerta de atrás. Esto es modificar las reglas de juego de nuestro sistema institucional en cuanto a políticas de ordenación del territorio se refiere para terminar imponiendo determinados proyectos en determinados lugares. 

Han aprovechado la tramitación de una ley para modificar otra ley básica que cimienta el reparto competencial en nuestro complejo sistema institucional.  Y además sin ni siquiera consultar a las entidades locales, que son las instituciones más afectadas?

En segundo lugar, esto atenta contra la pluralidad política de la sociedad vasca. Ya que lo que se pretende es imponer infraestructuras hallá donde no existe mayoría absoluta de los partidos del Gobierno. Porque esto es para eso.

La modificación de la Ley de Ordenación de Territorio que pretenden el PNV y el PSE, trata de introducir en la normativa la figura de Proyectos de Interés Público Superior, los cuales una vez declarados de tal forma serán superpuestos al resto de la regulación urbanística y de ordenación del territorio. Es decir, que la declaración por parte del GV de forma unilateral, supondrá la invalidez o anulación de facto de las decisiones adoptadas por instituciones competentes y legítimas.

La competencia urbanística es una de las funciones más importantes que llevan a cabo los Ayuntamientos, por un lado en la ordenación y construcción del futuro del municipio, y por otro lado, como defensa de su territorio y del bienestar de sus habitantes. La pretensión de modificar la Ley de Ordenación de Territorio supone sin lugar a dudas la merma de la democracia local, en tanto que invalidará aquellos aspectos decididos en el municipio mediante participación de la ciudadanía por la imposición de un PIPS 

Si alguien pretende gestionar un proceso tan complejo como es la transición hacia la neutralidad climática, el cual nos va a obligar a tomar grandes decisiones que van a tener una repercusión notable en nuestro territorio, de manera vertical, con el ordeno y mando, al margen de la opinión de la ciudadanía, se equivoca de plano. Esto es lo diametralmente opuesto a la gobernanza colaborativa. El reto climático es a la vez un reto democrático que nos obliga a profundizar en modelos de gobernanza colaborativos y huir de lógicas autoritarias.

Pero es que además no va a resultar eficaz. Porque si de lo que se trata es de imponer infraestructuras en contra del criterio de las instituciones locales que representan, precisamente, la voluntad democrática de las comunidades locales, eso nos conduce inevitablemente a situaciones de conflictividad social que van a lastrar y retrasar la implementación de las acciones climáticas.

Por todo ello, pedimos al PNV y al PSE que rectifiquen, que retiren la enmienda 61 a la Ley de Administración Ambiental. que no dejen de lado a los Ayuntamientos y a la ciudadanía.