Kongresua-Senatua
El Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu ha conseguido sacar adelante con el apoyo de las fuerzas que conforman el Gobierno español propuestas relacionadas con mejoras en derechos sociales, ayudas para impulsar uno de los sectores más golpeados por la crisis, inversiones para renovar las infraestructuras ferroviarias obsoletas y partidas para poner en marcha un plan de reactivación económica en los Pirineos Orientales de Nafarroa, además de acometer obras en redes viarias y ejecutar proyectos de renaturalización. El paquete de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado aprobado por las fuerzas que conforman el Gobierno español se traduce en inversiones para los 4 territorios de Hego Euskal Herria.
Paralización de desahucios y derechos sociales
Hoy se ha conocido el anuncio del Gobierno español de prohibir “en dos semanas” todos los desahucios sin alternativa habitacional durante la pandemia, lo que supone que el Gobierno español asumirá finalmente lo planteado y exigido por EH Bildu, ERC y Unidas Podemos en su enmienda conjunta presentada a los Presupuestos Generales del Estado. EH Bildu considera un paso muy importante que gracias a la presión y el empuje de las tres formaciones de izquierdas se paralicen todos los desahucios de personas vulnerables durante la pandemia.
Igualmente, EH Bildu ha logrado sacar adelante con el apoyo de mayoría progresista una iniciativa para revalidar la Carta Social Europea renovada, pendiente de ratificación desde hace 24 años. La Proposición no de Ley aprobada en la sesión de ayer tiene como objetivo proteger y blindar los derechos sociales y laborales de toda la ciudadanía, una herramienta necesaria para garantizar condiciones laborales y pensiones mínimas dignas que permitan dar respuesta a las demandas y reivindicaciones de los y las pensionistas.
Estas dos medidas certifican el compromiso de la izquierda soberanista vasca de que cuando está en los acuerdos, la ciudadanía gana derechos y sus condiciones de vida mejoran considerablemente.
Ayudas para la aeronáutica
Entre las medidas aprobadas destacan las ayudas dirigidas al sector aeronáutico, que se encuentra en serio riesgo de recortes de plantilla y despidos por la crisis económica y social derivada del COVID19. La enmienda acordada consta de una partida económica de 10 millones de euros con el objetivo de proteger a un sector estratégico para la CAV.
De esta manera, EH Bildu ha logrado el compromiso del Gobierno español para aumentar la financiación en investigación, desarrollo, innovación y modernización del sector aeronáutico, que se materializará a través de un Plan Tecnológico en 2021. La aeronáutica es un sector de gran valor añadido, emplea alrededor de 5.000 trabajadores en la CAV y representa casi al 6% del PIB del territorio, lo que hace necesario un plan de apoyo que garantice la continuidad de los empleos y el futuro de las empresas, con especial arraigo en Araba.
Avances en infraestructuras ferroviarias: 48 millones para la C1
En materia de infraestructuras ferroviarias, por su parte, EH Bildu ha acordado con el Gobierno poner en marcha un Plan Plurianual de 48 millones de euros, a distribuir en los próximos cuatro ejercicios, con el finalidad de modernizar la Línea C1 de Cercanías entre Irún y Brinkola, que recorre la práctica totalidad de los municipios del este de Gipuzkoa y da servicio a miles de viajeros del territorio a diario.
Este plan de 48 millones de euros permitirá garantizar la accesibilidad y seguridad de las estaciones de tren ante el abandono que venían sufriendo en los últimos años como han denunciado los viajeros y las instituciones locales. EH Bildu cree indispensable priorizar la mejora de esta línea en las actuaciones contempladas en el plan estatal de Adif, para hacer frente al importante deterioro que han sufrido las estaciones de tren de esta vía en los últimos años y para adaptar el servicio actual a las necesidades de la ciudadanía de Euskal Herria.
El Gobierno también ha apoyado la enmienda de la izquierda soberanista vasca que reclama reducir las afecciones sonoras del tren de cercanías de Renfe a su paso por Santurtzi (Bizkaia), dando respuesta a una reivindicación histórica de los vecinos y vecinas de este municipio vizcaíno. EH Bildu también ha conseguido incorporar a los Presupuestos Generales del Estado una enmienda por valor de 3 millones de euros para llevar a cabo la renaturalización y recuperación del entorno de marismas de Motondo y Txurruka de Orio (Gipuzkoa), así como la conservación del litoral.
Inversiones para Nafarroa
Del mismo modo, el Gobierno ha aceptado las inversiones propuestas por EH Bildu dirigidas a Nafarroa y ha logrado que el Ejecutivo destine un total de 3 millones de euros a implementar un Plan de Reactivación Económica en una de las zonas rurales que mayor abandono institucional sufre en Euskal Herria: los Pirineos Orientales de Nafarroa. Dicho plan ayudará a paliar las consecuencias de la despoblación creciente en la zona y se aplicará mediante un convenio con las Juntas de los Valles de Salazar, Aezkoa y Roncal.
Por último, el Gobierno se ha comprometido a ampliar en 3 millones de euros la financiación para la ejecución del proyecto de obras de la N-121-A, conocida como carretera de Velate, que conecta Iruñea con Lapurdi a través de los dos pasos fronterizos de Dantxarinea y Behobia. La N-121-A es el principal eje de comunicación del norte de Nafarroa, con 76,1 kilómetros de longitud, así como una alternativa a las autopistas con peaje entre Madrid y Europa, frecuentada por muchos transportistas de todo el continente.
El Congreso ha aprobado hoy una Proposición no de Ley, impulsada por EH Bildu, para solicitar al Gobierno español que ratifique la Carta Social Europea con el objetivo de proteger y blindar los derechos sociales de la ciudadanía. "Defender la carta social es defender la política social y los derechos de los desfavorecidos. Es defender políticas sociales justas. Es garantía y es protección". La diputada y autora de la proposición, Mertxe Aizpurua, ha recalcado que la ratificación de la Carta Social Europea es la herramienta necesaria para asegurar unas pensiones mínimas dignas que permitan a nuestros mayores vivir una vida digna. "Es importante hacerlo cuanto antes, porque llevan mucho tiempo, demasiado, exigiéndolo y pidiendo que se les escuche y que se les aseguren pensiones públicas dignas. Es su derecho y debemos darle respuesta".
La iniciativa del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu se ha debatido este mediodía en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso, y ha contado con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV, con 22 votos a favor y 14 en contra. Aizpurua lo tiene claro: "Si la nueva Carta Social Europea hubiera sido ratificada por España en su momento, algunos aspectos de las reformas laborales del PP, tan dañinas para los trabajadores, no hubieran estado ajustadas a derecho".
Según la portavoz de EH Bildu, la ratificación aseguraría el derecho de los y las trabajadoras a trabajar en condiciones dignas y justas, además de conseguir avanzar en la erradicación de la pobreza y la exclusión social. "Es cumplir con el derecho a la vivienda. Es defender los derechos de las personas con discapacidad, su autonomía y su igualdad de oportunidades. Es proteger los derechos de la infancia, de niños y jóvenes. Es asegurar la protección social que miles de personas, familias y mayores necesitan para sustentar sus vidas", ha detallado.
Asignatura pendiente
La Carta Social Europea incluye el catálogo más completo a nivel europeo de los Derechos Humanos de carácter social. Adoptada en 1961, es un tratado internacional que garantiza los derechos sociales y económicos al trabajo, a la vivienda, a la salud y a la educación, entre otros. "Es un instrumento clave para proteger a la ciudadanía". El Estado español ratificó en 1980 la primera versión de la Carta Social Europea, pero nunca ha hecho lo propio con la actualización acordada en 1996. En consecuencia, 24 después de ser revisada, aún no se ha convertido en derecho interno del Estado.
"Era una asignatura pendiente". Aizpurua ha explicado la importancia de ratificar la versión revisada, ya que incorporó ocho derechos más: "El derecho a la protección en caso de despido; a la tutela de los créditos de los trabajadores en caso de insolvencia del empleador; a la dignidad en el trabajo; a la igualdad de oportunidades de los trabajadores con responsabilidades familiares; a la protección de los representantes de los trabajadores en la empresa; a la información y consulta en los procedimientos de despido colectivo; a la protección contra la pobreza y la exclusión social; y a la vivienda".
"Incomprensible y poco ejemplar"
La portavoz de EH Bildu en el Congreso ha calificado de "incomprensible y poco ejemplar" la falta de ratificación de la Carta Social Europea actualizada —el Estado español es uno de los 11 países que todavía no la ha ratificado— y ha denunciado que de no ratificarse se continuaría sin aceptar el Protocolo de Reclamaciones Colectivas de 1995, que tampoco ha sido firmado ni ratificado por el Estado español. "Forma parte de un grupo nada ejemplar. El protocolo se encuentra vigente en 15 países europeos, algunos tan próximos a nuestro entorno como Francia y Portugal, además de Bélgica, Croacia, Chipre, Eslovenia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, República Checa y Suecia", ha detallado.
En opinión de Aizpurua, la ratificación de ambos documentos, reclamada por organizaciones sindicales y las entidades del tercer sector de acción social de manera reiterada, supondría "un avance necesario en la protección de los derechos sociales, blindando de manera más férrea el cumplimiento de los derechos en materia de empleo, vivienda, salud, educación, protección social y bienestar", además de poner en marcha nuevos mecanismos de seguimiento y reclamación en caso de incumplimiento de las normas por parte de los Estados.
Compromiso con los derechos humanos
"La asunción de las obligaciones internacionales, mediante la ratificación de los tratados más avanzados, es un buen indicador del compromiso de los Estados con los derechos humanos y las garantías democráticas", ha asegurado la portavoz de la formación soberanista vasca. Por todo ello, el Congreso ha reclamado, a iniciativa de EH Bildu, que ponga fin a esta situación "que coloca en una situación de clara desventaja a amplios sectores de la población" para la protección y defensa de sus derechos en relación con otros países del entorno europeo.
La diputada de EH Bildu por Nafarroa, Bel Pozueta, ha solicitado hoy que las empresas que deslocalicen su producción a otros países devuelvan el dinero público recibido. Así se ha dirigido en la sesión de control del Congreso a la ministra de Industria, Reyes Maroto: "Empiecen, por ejemplo, por exigir que toda empresa que opte por deslocalizar su producción y haya obtenido ayudas públicas durante su permanencia en su territorio, esté obligada a retornar a las árcas públicas el valor de las ayudar recibidas".
Siemens Gamesa, Loxin, Apoyos Metálicos, Incoesa, General Electric, Siban, Tubacex... Todas ellas tienen en común que han decidido cerrar sus centros de trabajo en Euskal Herria para trasladar su producción a otros países. Empresas que han dejado Euskal Herria "conllevando un reguero de despidos, paro y miles de familias al borde de la miseria", como ha advertido la diputada Pozueta: "Hace falta voluntad política y compromiso en defensa de los y las trabajadoras. Si este Gobierno lo tiene, esperamos ver propuestas y medidas en ese sentido".
"A las grandes empresas no les importa a cuántos trabajadores y trabajadoras se deje en la calle, ni cuánto daño se ha haga a las comarcas". Pozueta cree que solo buscan abaratar cortes y producir más barato a costa de los y las trabajadoras. "Con mano de obra más barata, menos protección laboral. La panacea del neoliberalismo", denuncia. El único objetivo de las deslocalizaciones, en opinión de Pozueta, es aumentar los beneficios, porque deciden cerrar aún siendo viables económicamente: "Incluso si no llegan a deslocalizar, amenazan con retrocesos en las condiciones laborales, recortes de salarios y más precariedad laboral. Cierro y me voy. Se trata claramente de un chantaje".
Nafarroa, pionera
La diputada por Nafarroa de EH Bildu ha solicitado al Gobierno español medidas urgentes para frenar la marcha de empresas y mantener los puestos de trabajo. Para ello, Pozueta ha puesto como ejemplo la Proposición de Ley impulsada por EH Bildu en el Parlamento de Nafarroa, que actualmente se encuentra en proceso de trámite. "Es una Ley que contempla medidas para poner coto a las deslocalizaciones y proteger los empleos. Le invito a conocer y estudiar esta propuesta, para tomarla como ejemplo y realizar acciones reales y eficaces para acabar esta situación", ha espetado a la ministra Maroto, quien ha emplazado a EH Bildu a sumarse a "un pacto por la industria".
El Congreso ha aprobado una Proposición no de Ley, impulsada por EH Bildu, para enviar ayuda humanitaria a Nagorno-Karabaj, suspender la venta de armas a Azerbaiyán y solicitar a las organizaciones internacionales que se impliquen de manera activa en la búsqueda de una "salida pacífica y negociada al conflicto" que ha desencadenado ya una crisis humanitaria. La iniciativa de EH Bildu se ha debatido esta tarde en la Comisión de Cooperación Internacional del Congreso, y ha contado con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos y Junts per Catalunya, gracias a la aprobación de una enmienda transaccional que ha recibido 19 votos a favor, 10 en contra y 5 abstenciones.
El diputado y autor de la proposición, Jon Iñarritu, ha recalcado la urgencia de prestar ayuda humanitaria a las familias refugiadas y la importancia de mantener una posición proactiva en el seno de los organismos internacionales para que el conflicto en la República de Artsakh figure en la agenda humanitaria internacional. "A pesar del alto el fuego acordado la semana pasada, el conflicto sigue y una solución duradera es más necesaria que nunca", ha explicado.
Recientemente, Iñarritu ha formado parte de una delegación de observadores formada por parlamentarios y periodistas de diferentes Estados de la Unión Europea. El diputado ha conocido de primera mano la situación en Armenia y en la República de Artsakh y ha podido comprobar in situ los estragos producidos tras la agresión de Azerbaiyán y Turquía. Iñarritu solicita a la comunidad internacional que se implique en la búsqueda de una solución pacífica y negociada al conflicto para evitar que la crisis humanitaria vaya a más: "Ante el riesgo de genocidio y limpieza étnica que pretenden realizar contra el pueblo armenio en Nagorno-Karabaj, el mundo no puede seguir mirando a otro lado".
Crisis humanitaria
El pasado 27 de septiembre, Azerbaiyán, junto al apoyo directo de Turquía y mercenarios islamistas desplazados a la región iniciaron una ofensiva contra Nagorno-Karabaj. Durante seis semanas, esta triple entente ha atacado a la población civil y a las infraestructuras civiles buscando con ello el desplazamiento de la mayoría de habitantes de este territorio, tanto internamente como a Armenia. Iñarritu no tiene duda de que estamos ante una crisis humanitaria: "De los 150.000 habitantes de Nagorno-Karabaj, la inmensa mayoría se ha refugiado o desplazado a Armenia. Ya son más de 100.000 desplazados o refugiados. Los ataques a infraestructuras civiles, como carreteras, centrales eléctricas, redes de comunicación, hospitales y colegios, y la llegada del invierno hacen que la situación se haya convertido en insostenible".
Exportación de armas
Del mismo modo, la iniciativa aprobada hoy solicita al Gobierno español suspender temporalmente la exportación de armas y la venta de material militar de doble uso a Azerbaiyán mientras dure el conflicto. En opinión de Iñarritu, reclamar al Estado español que, mientras dure el conflicto en Nagorno-Karabaj, no exporte armas a "es lo mínimo exigible". "Azerbaiyán y Turquía han utilizado armamento no convencional y prohibido como son las bombas de racimo y fósforo blanco. De igual manera, todo tipo de crímenes de guerra han sido reportados por numerosas agencias: ejecuciones sumarias de prisioneros de guerra y civiles capturados, mutilaciones de cuerpos y decapitaciones", denuncia el diputado.
«No es el instrumento que necesita la comunidad educativa de Euskal Herria». Así de contundente se ha manifestado la diputada por Nafarroa y portavoz de EH Bildu en la Comisión de Educación, Bel Pozueta, en el último debate sobre el dictamen final de la reforma de la nueva Ley Educativa que se ha votado hoy en el Congreso. EH Bildu ha optado por no obstaculizar la tramitación del texto que se someterá a votación definitiva del pleno de la Cámara el próximo jueves, 19 de noviembre.
Durante su intervención, Pozueta ha abogado por un modelo coeducador con pedagogía feminista, laico, equitativo, gratuito y universal, que eduque y empodere al alumnado crítico. «Estamos a favor de un modelo basado en la inmersión lingüistica que eduque en las lenguas oficiales de cada territorio», ha asegurado, en relación a las enmiendas transaccionales acordadas en la ponencia.
Repetir curso, «una excepcionalidad»
Entre ellas, Pozueta ha remarcado el acuerdo alcanzado con el PSOE y Unidas Podemos a través de una enmienda transaccional para que repetir curso sea «una excepcionalidad» y se permita pasar al siguiente curso a pesar de contar con más de dos asignaturas suspensas. «Repetir curso debe de ser un recurso excepcional (y nunca habitual) del sistema educativo, teniendo en cuenta sus efectos negativos y priorizando siempre la evolución académica de los y las alumnas», ha recalcado, recogiendo el sentir mayoritario de la comunidad educativa de Euskal Herria, que defiende la educación como elemento básico vertebrador y cohesionador de la sociedad.
La diputada de EH Bildu, sin embargo, ha remarcado que la izquierda soberanista vasca no comparte que «el Gobierno marque de manera significativa el conjunto de objetivos, competencias, métodos pedagógicos y criterios de evaluación». Es por ello que se ha abstenido en la tramitación de la reforma de la nueva Ley Educativa. Así lo ha explicado la portavoz de EH Bildu en la Comisión de Educación: «La LOMLOE está muy alejada de los objetivos y del sentir mayoritario de la comunidad educativa. Sustituye a la LOMCE, sí, y lo apoyamos, pero no compartimos que lo haga a costa de los sistemas educativos de nuestros territorios».
Una delegación de EH Bildu se ha reunido esta mañana con el comité de empresa de la estiba en el Puerto de Bilbao
"Es una asignatura pendiente". La portavoz Mertxe Aizpurua ha presentado una Proposición no de Ley para su debate en el Congreso por considerar que la falta de la ratificación "coloca en una situación de clara desventaja a amplios sectores de la población" para la protección y defensa de sus derechos en relación con otros países del entorno europeo.
La senadora Idurre Bideguren ha registrado una moción en el Senado en la que reclama incrementar las plantillas y mejorar el mantenimiento de las infraestructuras de la red de cercanías y media distancia en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa.
La formación soberanista vasca ha solicitado al Gobierno que comparezca en el Congreso cada dos meses, fortalezca la atención primaria, refuerce las capacidades de rastreo, contrate más personal y amplíe las medidas económicas y sociales para paliar las consecuencias de la pandemia.