AKTUALITATEA

Internacional | 2026-08-12

La ley aprobada el 10 de agosto por el Parlamento turco regula el desarme y la disolución del PKK, prevé la protección jurídica condicionada y los mecanismos de reinserción, y vincula su aplicación a la verificación del desarme. La experiencia de Euskal Herria tiene mucho que aportar, sobre todo para abordar los conflictos políticos a través del diálogo y las vías democráticas.

Pero la solidaridad internacional no significa imponer modelos desde fuera. Respetando las características y ritmos de cada proceso, sino reforzando la confianza, el diálogo y las garantías democráticas.

En este contexto, EH Bildu considera que la ley aprobada por el Parlamento turco debe ser valorada como un paso adelante. Sitúa el desarme y la disolución del PKK en un marco jurídico y prevé medidas para las consecuencias jurídicas y sociales de la desmovilización. Esto es importante porque la decisión de dejar las armas requiere seguridad jurídica y condiciones de reinserción social.

Al mismo tiempo, la ley no resuelve todas las dimensiones políticas del conflicto. Evita cuestiones como los derechos políticos y culturales de los kurdos, el uso de la legislación antiterrorista o la situación y libertad de Öcalan.

Por ello, el desarme no basta para consolidar un proceso de paz. En la fase posterior deberán desarrollarse mecanismos para trabajar la confianza política, los derechos democráticos y las causas políticas del conflicto.

Esa es una de las principales aportaciones que podemos hacer desde Euskal Herria. Nuestra experiencia demostró que el fin de la violencia es un importante punto de partida del proceso, pero que también deben abordarse los temas que siguen: las consecuencias, la situación de los presos, las víctimas, la memoria y la dimensión política del conflicto.