Pernando Barrena:
Hubo años en los que el Estado utilizó cualquier tipo de medida de excepción para actuar contra el independentismo vasco. Recordamos medidas como las legislaciones antiterroristas de excepción, las ilegalizaciones de partidos políticos o, cómo no, también la carta blanca a la utilización de técnicas de tortura contra los detenidos en dependencias policiales por motivaciones políticas.
Aquí, en Navarra, alrededor de 1.000 personas pasamos por esa situación. Es una circunstancia que era ampliamente conocida por familiares, amigos, vecinos conocidos... Todo el mundo, más allá de su adscripción ideológica, sabía perfectamente que ser detenido por motivación política podría suponer muy fácilmente ser sometido a malos tratos y torturas en dependencias policiales. Digo esto porque hay que recordar también que algunos dirigentes políticos, incluso algunos medios de comunicación, llegaron a decir que esto era mentira, que la tortura no existía, que era todo una invención y que era algo que había sido orquestado, como con alguna intencionalidad política, para dejar en mal lugar a las fuerzas de seguridad.
Cuando esa constatación pública, que ha sido mayoritaria históricamente, pasa a ser un reconocimiento institucional por parte del Gobierno de Navarra, esa acción tiene mucha importancia. Quiero subrayar el trabajo que se está realizando desde el Gobierno de Navarra para también incorporar el relato de todas las personas que fuimos torturadas y pasamos por esa situación al relato de lo veraz de lo que ocurrió, de los hechos.
La práctica de la tortura dejó muchísimas secuelas a cientos de personas: secuelas físicas, secuelas psíquicas. Pero también ha dejado consecuencias como algo que hoy todavía está en vigor. Y es que cientos y cientos de personas fueron encarceladas con sentencias con autos cuyos únicos sostenes probatarios eran las autoinculpaciones conseguidas bajo tortura, bajo amenazas arrancadas contra la voluntad del detenido en dependencias policiales. Hoy en día todavía hay personas en prisión cuyo único sostén probatorio en sus sentencias son declaraciones obtenidas por la fuerza contra su voluntad, autoinculpaciones en situación de tortura y malos tratos por parte de funcionarios policiales. Esta situación es totalmente injusta y creo que merece una atención especial. En definitiva, revisar las condenas de todas estas personas que hoy en día todavía están en prisión y se encuentran en esa situación.