AKTUALITATEA

| 2020-04-14

Esta mañana, el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu ha pedido amparo a la Presidencia del Congreso después de que el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) haya amenazado públicamente al diputado Jon Iñarritu en redes sociales. A través de un escrito dirigido a la Mesa del Congreso, EH Bildu ha puesto en conocimiento de la Presidencia de la Cámara lo ocurrido el pasado 12 abril a raíz de una noticia que informaba de los datos facilitados por el Gobierno a una interpelación parlamentaria del diputado Iñarritu.

En la respuesta escrita, el Ministerio del Interior detallaba que estima distribuir cerca de 1.200 pistolas eléctricas entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). El SUP respondió a dicha información "invitando" al diputado vasco a hacerle una demostración de estas armas e incluso a "probar sus efectos". Así lo publicaron en su cuenta oficial de Twitter: "Si el diputado Jon Iñarritu quiere saber el funcionamiento y lesividad de las pistolas taser, estamos encantados de invitarle a una demostración e incluso a que pruebe sus efectos como hizo un periodista".

EH Bildu considera "inaceptable e inaudito" que el diputado Iñarritu haya sido amenazado en redes sociales por pedir explicaciones al Gobierno sobre el uso de las pistolas taser y registrar preguntas parlamentarias al respecto. EH Bildu cree necesario que la Presidencia del Congreso se pronuncie al respecto para que sus derechos como parlamentario no se vean vulnerados. "Solicitamos el amparo de la Presidencia para que se tomen las medidas que corresponden ante este grave hecho", explican.

Comparecencia de Grande-Marlaska

La formación soberanista vasca considera que es un hecho de "suma gravedad" amenazar a un representante público con el uso de un arma con total impunidad. "Si, además, la amenaza procede de miembros de las FCSE, creemos que el hecho es aún más grave", denuncian.

Del mismo modo, EH Bildu ha solicitado la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para informar de las medidas que ha tomado o va a tomar su ministerio ante las reiteradas amenazas públicas realizadas por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.