AKTUALITATEA

| 2024-10-07

Olaia Duarte. Senadora de EH Bildu

En septiembre del 2023 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciaba sobre la política de devoluciones de personas migrantes en los controles en frontera que aplican las autoridades francesas, mediante un fallo que daba la razón a las asociaciones que trabajan por los derechos de las personas migrantes. En concreto, se estimó que entre la supresión del Tratado de Schengen – acuerdo que garantiza la posibilidad de transitar sin restricciones por el territorio de los 27 países miembros de la UE - y la llamada normativa de retorno, que da a la persona en situación irregular un plazo para salir voluntariamente del país, prevalece la segunda. Se invalidaba, de esta manera, la política de devoluciones en la muga y se instaba a que la expulsión en caliente fuera el último recurso.

Y es que, desde 2016 el Estado francés siempre ha ido enlazando diversos motivos para recordarnos, por un lado, la existencia de una frontera impuesta que parte en dos un pueblo y, por otro, que el principio comunitario de la libre circulación de personas o el derecho al asilo son privilegios adscritos a unos rasgos raciales muy concretos. 

En su día, los atentados islamistas de Niza justificaron la posibilidad de proceder a cierres tasados en el tiempo y controles en la muga que ofrece la propia normativa de Schengen. Luego le siguieron la Pandemia, la Copa Mundial de Rugby y las Olimpiadas para cerrar a cal y canto el Puente Avenida entre Irun y Hendaia, y los pasos de Aldude, Izpegi y Larraine.

Ante estos cierres, la respuesta del Tribunal europeo también hacía referencia a la imposibilidad de detener a una persona por la mera circunstancia de una estancia administrativa irregular, sin la comisión de otro tipo de delitos. De esta manera, las prácticas policiales ya habituales en la muga del Bidasoa quedan sin amparo legal.

No obstante, a sabiendas de que el derecho europeo aconseja, pero no obliga, el Estado francés sigue aplicando una política migratoria restrictiva, llegando incluso a criminalizar a las asociaciones y colectivos que trabajan en favor de los derechos de las personas migrantes.

De hecho, el pasado 2 de octubre asistíamos a la detención de 7 personas en la Gendarmería francesa de Hendaia acusadas de utilizar la Korrika del pasado 14 de marzo, para ayudar a cruzar la muga a 36 migrantes.  A las horas de estar retenidos/as en comisaría, salieron en libertad con cargos y con una nueva citación para el 28 de enero en el juzgado de Baiona. Se criminaliza de esta manera, un acto de solidaridad que se llevó a cabo para denunciar controles raciales y las políticas migratorias restrictivas que han tenido como consecuencia el fallecimiento de numerosas personas en aguas del Bidasoa o en las vías del tren transfronterizo. Y se lanza, de paso, un aviso a navegantes, sobre los problemas judiciales y personales que puede acarrear colaborar en redes de solidaridad ciudadana.

Esto sucede, al mismo tiempo que en el estado español se abre la puerta para abordar, antes de que transcurra medio año, la modificación de la ley de extranjería para el establecimiento de determinados mecanismos fronterizos para que las personas migrantes puedan acreditar a la llegada sus solicitudes de asilo sin poder ser devueltos sin más; así como, el debate sobre el traspaso a la CAPV de competencias en materia de inmigración para poder decidir cómo gestionar nuestro territorio.

Está por ver, hasta qué punto unas instituciones europeas teñidas del auge de los discursos de extrema derecha serán capaces de exigir el cumplimiento de normativas de la libertad de tránsito y respeto a los DDHH, y cómo se desarrollan los obligados avances progresistas en política migratoria que necesitan tanto la frontera sur de la península como la muga del Bidasoa. Porque, pese a los obstáculos que puedan encontrarse en el camino, las personas siguen y seguirán llegando, dispuestas a perseguir metas y objetivos vitales, bajo la esperanza de tener unas condiciones de vida mejores que, por motivos ajenos a su voluntad, no pueden encontrar en sus países de origen.

Tal y como explicaba en un coloquio la semana pasada el escritor palestino Atef Abu Saif: los pueblos o personas reprimidas seguirán luchando, seguirán teniendo esperanza, porque la esperanza es lo que hace las personas podamos creer que hay un mañana. Y, de la misma manera, el tejido asociativo y las redes de acogida en favor de una política migratoria de derecho en nuestro territorio seguirán activas, exigiendo acoger como en su día fuimos acogidos/as. Pese a las detenciones. Bajo una solidaridad que no entiende de fronteras impuestas.