AKTUALITATEA

| 2025-04-28

Cada 28 de abril la Organización Internacional del Trabajo (OIT) conmemora el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. En torno a esta fecha también en Euskal Herria los sindicatos volverán a salir a la calle para exigir el derecho a la salud laboral, el derecho a no morir o enfermar en los centros de trabajo. Desde luego, razones no faltan. Recientemente, a petición de EH Bildu, la intersindical formada por LAB, ESK, Steilas, EHNE-Etxalde e Hiru ha comparecido en los parlamentos de Gasteiz e Iruñea para presentar su informe sobre siniestralidad laboral del año 2024 en Euskal Herria. Los datos que dieron son realmente preocupantes, con 64 muertes y 102.000 accidentes traumáticos. Los sindicatos han destacado que la patronal lleva 30 años sin cumplir la normativa de salud laboral y sin una respuesta institucional eficaz y suficiente. Solo así puede entenderse que hoy, en pleno siglo XXI, en la era de importantes avances tecnológicos, todavía sigan muriendo personas trabajadoras por caída de alturas, atrapamiento por máquinas o caída de la carga encima. Accidentes laborales en el siglo XXI por causas propias del siglo pasado.

Pero, además, las estadísticas oficiales no reconocen muchos accidentes y enfermedades profesionales, como los accidentes in itinere o los derivados de causas no traumáticas y riesgos psicosociales (consecuencia del empleo precario, altos ritmos de trabajo, estrés…) que tienen cada vez mayor incidencia. Por otro lado, a pesar de que las estrategias gubernamentales de Salud Laboral dicen integrar la perspectiva de género, desde el reconocimiento de que hombres y mujeres enfermamos por diferentes causas, hoy todavía está lejos de ser una realidad. Las mujeres que trabajan en sectores feminizados como el de los cuidados o el empleo del hogar tienen enormes dificultades para que se les reconozca el carácter profesional de las lesiones derivadas del trabajo, que son consideradas como comunes.

Este ocultamiento de accidentes y enfermedades profesionales sobre el que las mutuas tienen una gran responsabilidad tiene una consecuencia grave, como es que no se puede prevenir lo que no se reconoce y, por lo tanto, esos daños seguirán produciéndose.

En los discursos políticos hay que dejar de ser equidistantes entre las responsabilidades empresariales y las de las personas trabajadoras al hablar de forma general de la necesidad de ampliar la cultura de la prevención. Sin negar la importancia de esa cultura preventiva, no se puede olvidar que la responsabilidad principal y legal es de la empresa, y el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales debería recibir no solo el control y sanción de la Inspección de Trabajo y el reproche sindical, sino también el reproche social y político, lo que todavía hoy tenemos que reconocer que no hemos conseguido.

El tratamiento informativo en los medios de comunicación sobre la siniestralidad laboral tampoco ayuda. Aparecen en los informativos como crónica de un suceso del que nunca se vuelve a saber más, tampoco del resultado de las investigaciones sobre las causas, investigaciones que además se alargan en el tiempo. Todavía tiene mucho peso la idea de la mala suerte como infortunio laboral. El éxito del movimiento feminista, que ha conseguido ampliar la respuesta política y social contra la violencia machista, creo que obedece, entre otros motivos, a haber hecho emerger y socializar las razones estructurales de esa violencia, cuestión esta que, creo, no hemos logrado en el ámbito de la siniestralidad laboral, que no deja de ser también un tipo de violencia que se ejerce en los centros de trabajo.

No oímos a las organizaciones empresariales mostrar preocupación alguna por los malos datos en salud laboral y solo quieren hablar de absentismo. Y cuando hablan de absentismo no sabemos de qué hablan, ni qué es lo que computan.

Creo que tenemos unas organizaciones empresariales irresponsables e insensibles a la principal lacra laboral, como es la siniestralidad laboral.

Tampoco tenemos la Inspección de Trabajo con los medios necesarios para que, como le oí decir a un inspector, pueda llegar a las empresas antes de que se produzca el accidente, no después, porque hoy la Inspección hace lo que puede, pero no todo lo que debería hacer.

Pero hoy, dotar de los recursos humanos necesarios a la Inspección de Trabajo también choca con las limitaciones de nuestro autogobierno, ya que la decisión de convocar los procesos para su contratación depende del Estado. Mientras tanto, muchas plazas de la Inspección de Trabajo en nuestros territorios siguen vacantes.

Por ello, hemos vuelto a solicitar que se cumpla el acuerdo que, a instancias de EH Bildu, el Parlamento de Gasteiz adoptó en 2022 para solicitar al Gobierno de España la transferencia completa de la Inspección de Trabajo y poder dotarla de forma autónoma de los recursos humanos suficientes.

El movimiento feminista reivindica poner la vida en el centro. En el ámbito laboral esta reivindicación tiene también un carácter transformador, porque hoy son los beneficios económicos los que están en el centro del sistema productivo, por encima de la salud y de la vida de las personas trabajadoras. A esto hay que ponerle límites con empleo de calidad, con más sindicalismo, con la interpelación social y política a la responsabilidad empresarial, con más Inspección de Trabajo y, sin duda, también con más autogobierno.