AKTUALITATEA

| 2022-11-30 14:47:00

EH Bildu ha anunciado una abstención crítica a la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión. Según ha explicado Nerea Kortajarena, “por responsabilidad política, no vamos a contribuir a cuestionar el sistema de protección y nunca vamos a obstaculizar los pasos que se planteen para proteger a las personas, por pequeños que sean”. Kortajarena, de hecho, aprecia avances, en la dirección que pedía EH Bildu, en el proyecto de ley presentado por la consejera Idoia Mendia con respecto al texto inicial remitido por su antecesora en el cargo, Beatriz Artolazabal, la pasada legislatura.

La parlamentaria abertzale, no obstante, considera que con esta ley “estamos perdiendo una buena oportunidad para reforzar el sistema de protección” porque el Gobierno PNV-PSE ha puesto una línea roja durante su tramitación al rechazar todas las propuestas que implicaban una mayor inversión para reforzar el sistema. Así, la ley que han pactado PNV, PSE y Elkarrekin Podemos-IU “va a proteger por debajo de nuestras posibilidades y nuestras necesidades”.

La apuesta de EH Bildu, por el contrario, ha sido “aumentar los recursos para reducir la pobreza, para proteger más y mejor, para garantizar unas vidas dignas a través de esa protección, porque tenemos la posibilidad de hacerlo sin que eso signifique un descalabro presupuestario”. En este sentido, Kortajarena ha recordado que en 2023 Lakua gestionará 187 millones de euros extra procedentes de Madrid para financiar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), de manera que “bastaría con que el Gobierno vasco mantuviera el esfuerzo económico propio que ha hecho hasta ahora para reducir la pobreza para proteger más y mejor”. Sin embargo, PNV, PSE y Elkarrekin Podemos-IU han optado por aprovechar el dinero del IMV para reducir la inversión propia de Lakua.

EH Bildu ha querido utilizar el proyecto de ley que hoy se vota en comisión “para diseñar un sistema de protección que prepare el futuro, amplíe derechos, proteja más y mejor, garantice vidas dignas y satisfaga las necesidades básicas”, pero la ley que finalmente aprobará el Parlamento, sin negar los avances que contiene, “no será suficiente para abordar lo que se nos viene encima”, ha advertido Kortajarena.

En este sentido, ha indicado que las cuantías de la RGI se ajustarán a los índices del Estado y, por tanto, no garantizarán que ninguna persona perceptora vaya a quedar por debajo del umbral de pobreza. “También se ha perdido la posibilidad de que se pueda acceder a la RGI desde los 18 años sin ningún otro requisito adicional; se mantiene la exigencia de 3 años de empadronamiento como criterio general, tal y como se acordó con el PP en 2012; no se han querido dar pasos para automatizar y tramitar de oficio la prestación de las y los pensionistas; aunque se amplían los colectivos vulnerables que pueden beneficiarse de la RGI, quedan excluidas las personas en situación de exclusión o sin hogar; se ha perdido también la posibilidad de reconocer el derecho a la RGI a las personas usuarias de servicios residenciales de carácter social, sanitario o sociosanitario; se permite que más de una unidad convivencial perciba la RGI en una misma vivienda, pero reduciendo su cuantía en un 15%, y se pierde la posibilidad de individualizar las prestaciones, lo que era importante desde una perspectiva feminista”.