AKTUALITATEA

| 2022-06-21 10:11:00

Dicen que cuando el rio suena, agua lleva y lo cierto es que no corren buenos tiempos para Urbide, la gran apuesta del PNV para centralizar la gestión del agua en nuestro territorio. No hay más que mirar titulares de las últimas semanas. Agurain, cuarta localidad alavesa en población, sufre restricciones en el suministro de agua por falta de previsión y de medios para solucionar una simple avería. En Laudio, las personas usuarias del servicio comienzan a recibir recibos en los que se duplica el precio que hasta ahora pagaba por el agua. Y para rematar, Urbide pretende ahora  modificar sus estatutos para obligar a ayuntamientos y concejos a financiarle traspasándole una parte se sus presupuestos.

Vemos que no es oro todo lo que reluce, que casi desde el inicio han empezado los problemas y los sustos y que, finalmente, no va a ser cierto aquello que decían sobre la capacidad de las entidades locales para gestionar sus propios recursos. Vayamos por partes.

Llevamos muchos años escuchando desde la Diputación Foral de Araba y el Gobierno vasco que “las pequeñas  entidades gestoras del agua (léase concejos y ayuntamientos) de Araba no lo hacen bien, que no tienen capacidad ni medios para la correcta gestión de esta competencia y que no cumplen con la Directiva Europea del Agua.”

Un mantra repetido en todas las apariciones públicas de los máximos responsables del PNV. Una de esas mentiras que, de tanto repetir, nos la quieren hacer creer. Y hay muchas personas usuarias, que se lo acaban creyendo, aunque no hayan tenido jamás ningún problema con el suministro del agua en su pueblo.

Después de esta campaña de desacreditación, la Diputación Foral de Álava puso sobre la mesa una solución: la creación de un Consorcio Único para la Gestión del Agua en todo el territorio –URBIDE- para gestionar conjuntamente el Ciclo Integral del Agua de forma más “eficiente y sostenible”.

Arrancó entonces una campaña de acoso y derribo hacia las pequeñas Entidades Gestoras del Agua. Decían no obligar a nadie a entrar pero lo cierto es que advertían de que fuera de ese consorcio iba a “hacer mucho frío”. Un aviso a navegantes. A pesar de estas campañas, las Entidades Gestoras del Agua se han mostrado muy reacias a su integración en este proyecto. Fue entonces cuando pusieron en marcha una nueva fase y obligaron a cargos electos de las entidades locales a integrar a sus pueblos en el nuevo consorcio. Compraron voluntades a base de dinero público.

Y en ese contexto, en el año 2018, nació Urbide. Nació mal, liquidando el Consorcio de Aguas Topegarain y desde entonces ha fagocitado todo lo que se ha puesto a su alcance.

Desde las arcas forales, subvencionan con 500.000€ al año el funcionamiento de Urbide, se hacen encomiendas de gestión, controlan los dineros de las nuevas obras de abastecimiento y saneamiento y nombran Presidente de Urbide al propio Diputado Foral de Medio Ambiente, para que sepamos quien manda. Imponen sus condiciones sin ningún pudor.

Después de casi cuatro años, forzando y comprando adhesiones, algunas con dudosa legalidad, ha llegado el momento de su puesta en marcha real. Urbide gestiona ya el  Ciclo Integral del Agua en aquellas localidades que le han cedido su gestión y han empezado a cobrar directamente a las personas usuarias. Y entonces hemos empezado a ver los primeros problemas.

Todo aquello de lo que se acusó a las pequeñas Entidades gestoras del Agua sobre su falta de capacidad y medios lo está haciendo ahora Urbide, sin ningún rubor. Se salta todas las líneas rojas que desde Diputación Foral de Araba y URA se imponen al resto de consorcios y pequeños gestores.

Lo cierto es que, estamos ante dos formas distintas de entender la gestión del agua. Una, en la que la gestión directa, la toma de decisiones, se haga desde los pequeños entes gestores, que se agruparán o no según sus intereses, como de hecho ya vienen haciendo en pequeños consorcios donde pueden mantener el control de este bien esencial. Otra, en la que la gestión se delega en un gran ente, en este caso Urbide, en la que el control no solo se diluye, sino que se pierde totalmente. Los vecinos y vecinas ya no deciden, solo pagan las decisiones que se toman lejos de sus pueblos. Y a medio/largo plazo, sabiendo cómo se las gasta el PNV, se le abre la puerta a un proceso de privatización para que finalmente el beneficio acabe en alguna empresa amiga.

En Araba, el agua siempre ha sido considerada bien común, como los montes. Por eso, los concejos, auténticos garantes del bien común, han sido, y son, los competentes y encargados de su gestión. Sigamos pues manteniendo en manos los pueblos la gestión del agua. La experiencia nos dice que están capacitados y que centralizar e imponer nunca serán la solución. No enfanguemos más esta cuestión.