Los artículos 18 y 33.5 fueron suspendidos por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco como consecuencia de los recursos interpuestos por el Partido Popular contra el decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi.
El Gobierno Vasco ha presentado el recurso de casación fuera de plazo, según hemos podido saber a través de los medios de comunicación. En consecuencia, dichos artículos quedan definitivamente derogados.
A pesar de que estamos analizando la información detallada y las consecuencias legales concretas, si todo esta cuestión ha quedado como han explicado los medios de comunicación, nos parece que es muy grave. Por un lado, porque el Gobierno no ha sido capaz de cumplir adecuadamente un procedimiento administrativo-jurídico tan básico, lo que nos lleva a concluir que se ha actuado de forma negligente. Y por otro, porque deja indefensos a los ayuntamientos vascos, y a pesar de la decisión del Tribunal Supremo, el euskera no será lengua de trabajo y servicio. Existe una gran negligencia tanto respecto al procedimiento como hacia los propios municipios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
Además, hablamos de una Ley Municipal de la CAV tan importante y estratégica para nuestro autogobierno y el desarrollo del euskera, y aunque cualquier procedimiento debe hacerse con rigor y profesionalidad, en este caso la gravedad es aun mayor. Tenemos que tener en cuenta, además, que estamos en medio del embate judicial, mediático y político, y que la defensa de nuestra arquitectura jurídica es fundamental. El hecho de que el desarrollo del euskera se lleve a cabo de forma independiente y no se haya defendido adecuadamente la Ley Municipal de la CAV, uno de los ejes del autogobierno, nos parece muy preocupante y denunciable.
Ante ello, solicitaremos que el Gobierno dé explicaciones en el propio Parlamento. Así, procederemos a registrar una pregunta por escrito y a pedir explicaciones en la primera sesión de control del mes de mayo. También creemos que se deben tomar medidas para corregir el error cometido.
El desarrollo del euskera necesita, ahora más que nunca, seguridad jurídica y protección, y el Gobierno no ha demostrado la responsabilidad que requiere la situación. EH Bildu reitera su compromiso con las modificaciones y mejoras necesarias en nuestra arquitectura jurídica para defender la seguridad jurídica y la Ley Municipal. El cambio legislativo en el Empleo Público puede ser la primera parada y volvemos a tender la mano al resto de partidos para llevar adelante las reformas necesarias. Existen mayorías suficientes en el Parlamento para efectuar estas reformas y son viables jurídicamente; lo único que falta es decisión y determinación para llevarlas a cabo.