AKTUALITATEA

| 2026-06-03

El grupo parlamentario de EH Bildu Nafarroa concluye, en un documento exhaustivo de más de 135 páginas, que la Comisión no ha podido acreditar la existencia de prácticas corruptas en el Gobierno de Navarra ni en la Administración Foral. «No se han detectado ni probado prácticas corruptas por responsables políticos, ni por funcionarios en los procesos de contratación, lo que no significa que no hayan podido existir, correspondiendo a la justicia penal, en su caso, la determinación y concreción de las mismas».

La coalición soberanista determina que, si bien la investigación ha constatado incumplimientos de la legalidad y de los principios de buena administración, no ha quedado demostrada la existencia de un pacto ilícito entre responsables públicos y operadores privados, ni la obtención de beneficios económicos indebidos derivados de dichas irregularidades.

Ante la detección de deficiencias y vicios procedimentales, EH Bildu formula al Gobierno de Navarra y a las instituciones forales competentes una serie de recomendaciones, entre las que destacan la aprobación de un Plan de Integridad en la Contratación Pública, el refuerzo de los sistemas de contratación electrónica para garantizar la trazabilidad completa de los procedimientos y el fortalecimiento de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, con el fin de convertirla en una herramienta eficaz de control, transparencia y prevención de la corrupción.

EH Bildu reafirma su compromiso con la lucha contra la corrupción y continuará trabajando para prevenir, detectar y perseguir cualquier práctica que pueda menoscabar la integridad de las instituciones públicas. La corrupción constituye una grave amenaza para la calidad democrática, erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones y contribuye a la deslegitimación del sistema político, favoreciendo la aparición de discursos y movimientos que cuestionan los fundamentos de la convivencia democrática.

Por ello, seguiremos impulsando medidas que refuercen la transparencia, la rendición de cuentas y la ejemplaridad en la gestión pública, con el objetivo de fortalecer la confianza ciudadana y garantizar unas instituciones al servicio del interés general.