Puede que la ciudadanía perciba con perplejidad el enésimo capítulo de la mercantilizada y judicializada gestión del agua en Zumarraga, pero es que no es para menos. Vamos a cumplir dos años de prórroga forzosa, con dos auténticos varapalos del Gobierno Vasco al ayuntamiento y con recursos cruzados interpuestos por las empresas licitadoras que no se sabe muy bien cómo finalizará. Y el tiempo nos ha dado la razón.
Habíamos dicho que la privatización de la gestión del agua convertiría la licitación en un mercadeo y que las empresas multinacionales pondrían toda su maquinaria legal para llevarse una licitación golosa para las sus cuentas de resultados. Y así ha ocurrido de nuevo.
Es la segunda vez que el Gobierno Vasco tiene que intervenir y tumba la licitación del servicio del agua. En la primera obligó a rectificar los pliegos, modificando de raíz los pliegos redactados “ad hoc”. Y ahora, tras los recursos interpuestos por varias de las empresas presentadas al concurso, va a obligar a este ayuntamiento a repetir la adjudicación por haberlo hecho de forma irregular. Las razones son las siguientes: en primer lugar, según el Gobierno Vasco la empresa ganadora debiera de haberse excluido por no cumplir con los requisitos exigidos en el pliego; en segundo lugar, porque la mesa de contratación no cumplió con su función y delegó su decisión en el informe de una consultora; y por último, porque la mesa de contratación estaba mal conformada.
Es decir, además del historial de la anterior licitación (Precios inflados, facturación abusivas e irregulares, contratos incumplidos o expedientes sancionadores de Kontsumobide) se vuelve a mercantilizar el servicio, pero esta vez, además se redactan incorrectamente los pliegos, se adjudica a una empresa que no cumplía los requisitos, se delega en una empresa la decisión y por si fuera poco la misma mesa de contratación no estaba bien conformada. Y no nos olvidemos que el ayuntamiento contrató a la empresa Capiol (compuesta por ex directivos de Agbar-Suez-Aquarbe) para redactar estos mismos pliegos que han sido tumbados por el Gobierno Vasco por partida doble; todo ello con un coste de 16.635 euros.
Con la derivada de que desde que entró en vigor la nueva ley de contratos se han licitado alrededor de 60 contratos no menores, y puede que las mesa de contratación no se hayan conformado según la normativa legal en muchos de ellos. Es una cuestión relevante que debería de clarificarse y nos preocupa que lo que ha pasado con el agua podría haber pasado en otras licitaciones importantes para el municipio.
En estos momentos viendo cómo han actuado las empresas licitadoras no hay ninguna garantía para que dejen de interponer recursos y que el ayuntamiento acabe en una espiral judicial encadenado contencioso-administrativos uno detrás de otro. Tenemos ejemplos recientes como el flagrante caso de Gerozerlan que después de 15 años un tribunal le da la razón a la empresa. Y aquí puede ocurrir más de lo mismo: que al final una empresa no adjudicataria gane la licitación y que el ayuntamiento tenga que indemnizar a la empresa.
Por lo tanto, creemos que la inseguridad jurídica es muy alta y pedimos al gobierno municipal que recapacite y que no siga en su huida hacia adelante. La falta de autocrítica y cintura política nos está abocando a un callejón sin salida.
Por lo que, desde EH Bildu nos ofrecemos para ayudar a salir de esta grave situación. Ya que hay salida y hay solución. Hay alternativas viables y deseables para una gestión del agua con precios justos y que recuperen para la ciudadanía lo que es un derecho humano: gestionar como lo gestiona toda Gipuzkoa (Excepto Urretxu, todo hay que decirlo). No es razonable seguir en esta huida hacia adelante; si no de parar, reflexionar y buscar la solución a largo plazo para gestionar bien tan esencial para la ciudadanía. Que es simple y llanamente publificar y desmercantilizar la gestión del agua; como se hace en toda Gipuzkoa.