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Es preocupante que Lakua se oponga siempre a todas las iniciativas que persiguen acabar con la corrupción y las prácticas irregulares


El Gobierno se opone a que se tramite la proposición de ley de EH Bildu contra las puertas giratorias. En contra de lo que dice Lakua, la coalición defiende que la CAV tiene competencia para regular en esa materia.

| 2021-11-30 15:39:00

EH Bildu propuso hace tres semanas una ley contra las puertas giratorias para poner límites al salto que desde hace tiempo cargos políticos, siempre de determinados partidos, dan desde la política a consejos de administración de grandes empresas, un modelo de relación que entraña un grave peligro, que el poder político quede supeditado al económico. El Gobierno de Urkullu, sin embargo, ha manifestado hoy su oposición a que el Parlamento tramite esa propuesta.

Para Josu Estarrona, “es difícilmente comprensible negarse a limitar las puertas giratorias cuando en la CAV tenemos competencias para hacerlo, en contra de lo que alega el Gobierno”. En esta misma línea, afirma el parlamentario de EH Bildu, “resulta preocupante que el Ejecutivo se oponga siempre a todas las iniciativas que persiguen acabar con la corrupción y las prácticas irregulares; esta vez hablamos de nuestra proposición de ley contra las puertas giratorias, pero en anteriores ocasiones ha pasado lo mismo: una vez tras otra se ha opuesto a crear la oficina anticorrupción, a investigar el cártel de las consultoras, a impedir que en el Tribunal de Cuentas se repitan casos como el de José Luis Bilbao y a impulsar una ley para proteger a las personas que denuncian prácticas irregulares”.

En contra también de modificar la Ley del Sistema Universitario

De igual manera, el Gabinete Urkullu se ha posicionado también en contra de que se tramite otra proposición de ley de EH Bildu que buscaba modificar la Ley del Sistema Universitario Vasco para que las universidades privadas con ánimo de lucro no puedan integrarse en dicho sistema y, en consecuencia, no tengan posibilidad de recibir financiación pública. Según ha explicado el parlamentario Ikoitz Arrese, “sin negar la función social de ese tipo de universidades, la clave está en su ánimo de lucro; las universidades privadas que tienen como objetivo el rédito económico no deben financiarse con dinero público y la respuesta que nos ha dado el Gobierno no justifica lo contrario de ninguna manera”.