EH Bildu recuerda al poder judicial que no es su función fijar las políticas lingüísticas de la Administración


| 2022-09-20 15:27:00

El hecho de que un juzgado de lo contencioso-administrativo de Gasteiz haya atendido un recurso de UGT y haya anulado la obligación de acreditar el nivel B2 de euskera para acceder a bolsas de trabajo de Policías Municipales es, para EH Bildu, “un nuevo ataque de la Justicia contra la normalización del uso del euskera que discrimina al euskera y a las personas vascoparlantes”. Ante ello, la coalición ha hecho un llamamiento al conjunto de las instituciones a respetar, defender y salvaguardar los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Rebeka Ubera ha recordado que esta no es la primera sentencia judicial contra los derechos lingüísticos, en alusión a los fallos contra sendas resoluciones de los ayuntamientos de Irun y Laudio. “En los últimos años, por medio de diferentes decisiones judiciales, se están multiplicando las acciones en contra del euskera y se está poniendo de manifiesto que el castellano y el euskera, aunque en teoría tienen la misma consideración de lenguas oficiales, en la práctica no reciben el mismo trato. Cada vez es más patente que los derechos lingüísticos de la población euskaldun están en cuestión, que no se respetan en su totalidad”.

“Para trabajar al servicio de la ciudadanía en la Función Pública –ha subrayado la parlamentaria de EH Bildu– se deben cumplir una serie de requisitos, garantizando, salvaguardando y respetando todos los derechos de la ciudadanía, incluidos los derechos lingüísticos, y no le corresponde al poder judicial , sino a la ley, decidir qué perfil debe exigirse en una administración pública. Por tanto, que haya jueces que en cuestiones técnicas dicten sentencias dejando de lado lo que dice la ley es un abuso jurisdiccional, ya que los jueces no son legisladores”.

Por ello, en opinión de Ubera, “es necesario denunciar firmemente la interpretación restrictiva que el poder judicial realiza en materia de normalización lingüística, ya que limita los derechos lingüísticos de la ciudadanía y perjudica la normalización del euskera”. En este sentido, ha añadido que “los fallos judiciales que se vienen conociendo en contra de los derechos lingüísticos de las y los vascoparlantes no son en absoluto aceptables y, por tanto, desde las instituciones se deben poner en marcha los cambios normativos necesarios para garantizar de forma efectiva los derechos lingüísticos y poner fin a esta situación injusta”.