Declaraciones de Julen Arzuaga:
El pasado 2 de febrero la Ertzaintza intervino en Astigarraga, un operativo que terminó con la muerte de un hombre de 36 años, Eneko Valdés Novoa. La familia hizo públicos anteayer varios extremos de dicha operación, lo que nos ha llevado a convocar esta rueda de prensa.
Por nuestra parte, tuvimos conocimiento de los hechos porque personas próximas a la familia se pusieron en contacto con nosotros para denunciar lo que entendían había sido una actuación de brutalidad policial desproporcional y desajustada a las circunstancias.
El gobierno municipal de Astigarraga solicitó inmediatamente toda la información con que contaba la Policía Local, la remitió al juzgado que lleva la investigación y nos pusimos en contacto con el Ararteko para poner bajo su conocimiento lo ocurrido y solicitar una investigación de los hechos en toda su extensión.
Ahora la familia ha dado un paso adelante para dar a conocer públicamente su relato de lo que sucedió aquel día. Ahora la ciudadanía conoce que esta persona se conducía de forma anómala al sufrir un brote psicótico derivado del consumo de drogas, ante el que vecinos solicitaron intervención policial con la intención de auxiliarle. Valdés se tranquilizó con la presencia de la Policía Local y de una vecina enfermera, que le prestaron auxilio apropiado ante la crisis que padecía.
Sin embargo, se persona la Ertzaintza y, según los datos aportados, la Unidad de Intervención Rápida ‘Bizkor’ se hace cargo de la situación. Y ahí vuelve a escalar el episodio y se emplea la fuerza “para reducirlo”. Ahí se produce una intervención violenta y opaca. Decimos una intervención violenta porque las fotos publicadas con las heridas, los moratones, las costillas rotas, las marcas recogidas en la autopsia, así lo indican. Decimos opaca porque no sabemos lo que sucede en esos 40 minutos en manos de la Ertzaintza y sin testigos, un tiempo durante el que vecinos y su mujer escuchan gritos, gemidos y golpes.
Una intervención violenta y opaca, pues, con resultado de muerte. No se sabe concretamente si en el mismo rellano de la escalera o en la ambulancia que lo iba a trasladar a un centro sanitario. Una intervención violenta y opaca de la que solo la Ertzaintza sabe qué sucedió en ese rellano durante aquellos 40 minutos. Y sus responsables deben a la sociedad una explicación. Un cúmulo gravísimo de hechos y circunstancias que consideramos deben esclarecerse hasta el último extremo.
Creemos que el señor Erkoreka no se puede mantener en silencio ante estos hechos gravísimos. Por ello, hemos solicitado su comparecencia ante la Diputación Permanente del Parlamento para que dé explicaciones. Hay Gobierno y los partidos que lo sostienen no pueden negarse a que se realice el debido control y seguimiento de su actuación, más aún cuando hay una persona muerta y una familia destrozada a raíz de una intervención policial.
La pregunta que queremos dejar sobre la mesa es: ¿qué más tiene que pasar? ¿Que más tiene que pasar para llegar a la conclusión de que hay que afrontar de otra manera la gestión de la seguridad y la función de la Policía en este país? Vista la secuencia de hechos de estas últimas semanas, ¿que más tiene que pasar para que se aborde una profunda reflexión sobre el servicio policial que nos lleve a adecuarlo a los estándares de riguroso respeto de los derechos humanos que demanda la ciudadanía?
Desde que salió en prensa el testimonio de la familia, el silencio del señor Erkoreka, responsable último de estos hechos, ha sido ensordecedor. No puede ponerse de perfil, no puede ocultarse. No puede evitar dar explicaciones. No puede encubrir los gravísimos hechos que hemos conocido. Creemos sinceramente que la sociedad espera sus explicaciones.
Sobre la nota ‘aclaratoria’ que el Departamento de Seguridad ha hecho pública hoy mismo, creemos que, además de ser una nota preventiva ante nuestra iniciativa parlamentaria, más que aclarar, induce a más dudas. Tres ejemplos: la inexistencia de denuncia por parte de la familia no supone nada, ya que es el juzgado quien está haciendo la investigación de oficio, ha solicitado información a la Udaltzaingoa de Astigarraga y entendemos que igualmente lo ha hecho al Departamento. Recurrir al Ararteko, como ha hecho la familia, indica su voluntad de que se esclarezcan todos los datos. Por cierto, datos confusos, como la no actuación de la Unidad Bizkor, que según fotos y testigos estuvo presente con los vehículos que habitualmente emplea y personal encapuchado que difícilmente podía calmar a una persona con semejante episodio psicótico. Por último, en su punto 8 el Departamento dice que no aportará datos y detalles por respeto a la familia. No parece muy claro si la nota era para aclarar o para asegurar que no lo harán. En cualquier caso, invocar el respeto a la familia es inaceptable cuando es ella precisamente la que exige se esclarezcan los detalles de la intervención de la Ertzaintza.