El Tribunal argumenta que los retrasos, de hasta 5 meses cuando el Reglamento estipula 5 días, dejan sin contenido “derechos constitucionales” de los corporativos
“La Administración debería facilitar los diferentes actos que solicite la ciudadanía”; “No entendemos la necesidad de un artículo tan altamente restrictivo hacia los centros escolares”
El grupo anuncia acciones legales contra la decisión de la Junta de Gobierno municipal de Navarra Suma que acordó esta revocación
