Iruñea

EH Bildu, PSN y Geroa Bai acuerdan una solución que respeta la Ripa de Beloso y promueve en total 345 viviendas de VPO en régimen de alquiler para cinco barrios de Pamplona

Se presentará mañana ante el Pleno y prevé pisos de 75 m2 en Erripagaña, San Jorge, Arrosadía, Etxabakoitz Norte y Sadar para emancipación de jóvenes y para familias en situación de necesidad

| 2020-03-04 13:30:00

Dos edificios alineados con la actual trama urbanística sin invadir la Ripa de Beloso y con 91 viviendas en régimen de protección, trasladando el resto (97 pisos) a una parcela de Arrosadía por cuya ocupación el Ayuntamiento de Pamplona ingresará 1,5 millones de euros, es la solución que, junto al Gobierno de Navarra, han pactado EH Bildu, PSN y Geroa Bai para el contencioso generado en Erripagaña por el desarrollo del PSIS impulsado por los gobiernos de la derecha y cuestionado ahora por el vecindario. Pero el acuerdo alcanzado entre las tres fuerzas con el amparo del Ejecutivo foral, y que será presentado mañana en forma de moción de urgencia ante el Pleno, contempla además la promoción de otras 157 viviendas en otras parcelas ubicadas de Arrosadía, Etxabakoitz Norte, Sadar-UPNA y San Jorge-Sanduzelai que serán promovidas por el Gobierno de Navarra en unos tres años.

En total, el acuerdo entre las fuerzas de la oposición, que representan a la mayoría del Pleno, implica inyectar en los próximos años en el mercado inmobiliario de Pamplona hasta 345 viviendas protegidas, todas ellas en régimen de alquiler y blindadas ante fondos buitre (no saldrán al mercado libre), que se destinarán prioritariamente a “la emancipación de la gente joven y la protección de las familias vulnerables”. La propuesta de acuerdo de Pleno, que una vez sea aprobada se enviará formalmente al Gobierno, prevé repartir al 50% los pisos en alquiler entre estos dos sectores, “buscando la mejor distribución e integración en su entorno”.

Una solución al contencioso de la Ripa que no supone “tirar” 6 millones

Los tres grupos han acordado “en aras a resolver la cuestión de la ladera de Erripagaña, mejorando la calidad urbana del barrio y garantizando a su vez tanto una buena oferta de vivienda pública en alquiler en la Ciudad como ingresos para acometer las inversiones que se prevean para este año”, respaldar dos puntos concretos. En primer lugar, proponen que se construyan “solamente 91 viviendas en las parcelas del Banco Foral de Suelo que el Gobierno de Navarra tiene en Erripagaña, permitiendo con ello preservar la ladera de Beloso, en lo que a las subparcelas BF1 y BF2 les corresponde”. Esto, en la práctica, supone apoyar la solución propuesta por el Gobierno realineando los edificios previstos en la Ripa con la actual trama y rebajando a la mitad su carga en pisos.

En segundo lugar, los grupos proponen incorporar al acuerdo “la venta a Nasuvinsa de la parcela A 13A de Arrosadia con 97 viviendas, con un valor estimado de 1.500.000 euros que ingresará el Ayuntamiento y condicionada a destinarse a perpetuidad a vivienda pública protegida en alquiler”. Con esta medida los tres grupos buscan contrarrestar la propuesta del tripartito de derechas que consistía en ceder al Gobierno de Navarra “una manzana completa de propiedad municipal en el barrio de Arrosadia para construir allí las viviendas y esa zona de Erripagaña dejarla libre. Una alternativa que podría suponer una pérdida patrimonial para las arcas municipales de alrededor de 6 millones de euros”.

Cuatro parcelas nuevas para VPO en alquiler

Pero el acuerdo alcanzado entre las tres fuerzas no se limita al tema de la Ripa de Beloso, sino que adelanta también escenarios para poder incidir en el mercado inmobiliario a través de la promoción de otras 157 viviendas de alquiler social para jóvenes y familias con necesidad. En concreto se propone incorporar al acuerdo la cesión al Gobierno de Navarra de cuatro parcelas con este destino: la parcela A 1.3 con 61 viviendas en Arrosadia; la parcela C-1 con 40 viviendas en Etxabakoitz Norte; la parcela P 1.3 en Sadar-UPNA con 13 viviendas; y la parcela P 1.2 en San Jorge-Sanduzelai con capacidad para 43 viviendas. La propuesta contempla que “estas parcelas se destinarán durante el tiempo de la cesión a ese destino de vivienda pública en alquiler, tras lo cual volverán con las edificaciones construidas al dominio del Ayuntamiento”. Todas las viviendas se calculan con una superficie media de 75 metros cuadrados.

El cuarto punto de la moción que se votará mañana en Pleno contempla que “la oferta de estas viviendas tendrá como destino y objetivo la emancipación de la gente joven y la protección de las familias vulnerables y se repartirá al 50% entre estos dos sectores, buscando la mejor distribución e integración en su entorno”.

En el expositivo de la moción, tras un repaso histórico del proyecto de PSIS impulsado y modificado en su día por los gobiernos de la derecha, los tres partidos que representan a la mayoría del Pleno explican que aceptan la solución pactada reduciendo la edificabilidad de VPO en Erripagaña por un motivo fundamental: porque “la propuesta tiene aspectos positivos en relación a la calidad urbana del barrio al reducir la densidad y preservar la ladera pero se hace a costa del 50% de las viviendas que pasan a construirse en otra zona”. Eso se pretende compensar ahora mediante este acuerdo por “conseguir una promoción conjunta (con Gobierno de Navarra) de alrededor de 345 viviendas públicas en alquiler blindadas a fondos buitre y la obtención de aproximadamente 1.500.000 de euros para inversiones”. 

EH Bildu, PSN-PSOE y Geroa Bai exigen toda la información sobre la encuesta de escuelas infantiles y acuerdan reprobar a Sesma por impedir el derecho a la información

La declaración, presentada al próximo Pleno del 5 de marzo, recuerda que el concejal tiene la obligación de “hacer entrega de toda la documentación solicitada o de la parte que obre en poder del contratista”

| 2020-02-28 12:13:00

Los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Pamplona (EH Bildu, PSN-PSOE y Geroa Bai) han presentado una declaración al próximo Pleno del 5 de marzo con el objetivo de exigir al alcalde Enrique Maya y al concejal Fernando Sesma “toda la información, cuestionario incluido, en relación a la encuesta contratada por el Ayuntamiento con la empresa Mercatec sobre el estudio sociolingüístico de las escuelas infantiles municipales”.

Unido a esto, viendo que esta reclamación no ha sido atendida en ocasiones anteriores y que, por lo tanto, Sesma continúa “impidiendo el derecho a la información de las y los miembros de la corporación”, los grupos de la oposición han incluido un segundo punto en el que acuerdan “la reprobación del concejal”.

Asimismo, la declaración recuerda que “si bien los responsables del área de Educación en un primer momento se negaron a facilitar la información solicitada, finalmente sí se ha remitido la parte del mismo que, según dicen obra en su poder”. Algo para lo que fue necesario “un Informe del Secretario del Pleno que validaba el derecho a recibir información sobre el mismo cualquiera que fuera su estado de tramitación”.

No obstante, no se ha facilitado a los grupos la documentación sobre aspectos “tan decisivos de la encuesta como es su cuestionario, el plan de análisis o su ficha técnica”, cercenando el derecho a la información “de manera flagrante”, ya que como los grupos pueden “tener acceso en todo momento a toda la información solicitada por los grupos de la oposición, independientemente de que la misma conste formalmente o no en el expediente en cuestión”, continúa el texto.

Fruto de todo ello, en la pasada comisión de Asuntos Ciudadanos de 18 de febrero, la mayoría municipal instó al alcalde Maya a “cesar al concejal Sesma en el caso de que no rectificara su negativa a entregarnos la información solicitada”, señalan. A lo que hay que sumar que, el pasado 13 de febrero, el grupo municipal de EH Bildu solicitó al Secretario del Pleno un Informe que concluye que “el concejal Sesma tiene que hacer entrega de toda la documentación solicitada o de la parte de la misma que obre en poder del contratista”.

La suma de todas estas actuaciones por parte del equipo de Gobierno, justifican, como se describe en la declaración, que Fernando Sesma sea “reprobado por impedir el derecho a la información”.

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