AKTUALITATEA

| 2025-02-12 13:55:00

Tras meses de incertidumbre, es una buena noticia que se haya despejado la cuestión de la línea de deslinde para llevar adelante la operación urbanística de los cuarteles de Loiola porque abre la posibilidad de hacer una ordenación de las nuevas viviendas más ajustada a las necesidades de la ciudadanía. Y también de habilitar equipamientos y servicios básicos que urgen en esta zona de la ciudad y que los vecinos y vecinas vienen reclamando desde hace tiempo. Hay una deuda histórica con los y las donostiarras que viven en la vega del Urumea.

Tras la suspensión provisional del convenio firmado con el Gobierno de España en diciembre de 2023, aprovechamos este mismo momento de reactivación para exigir al Gobierno Municipal y al Gobierno español compromiso y una voluntad política real para hacer frente al grave problema de la vivienda en la ciudad.

El convenio se puede mejorar en cuanto a los intereses de Donostia; es decir, revisando y renegociando los 74 millones de euros que se pagarán y el porcentaje de vivienda pública protegida (VPP) previsto. Asimismo, y recordando lo que defendimos la semana pasada en comparecencia de prensa desde EH Bildu, solicitamos un esfuerzo para que el Gobierno Vasco y su Departamento de Vivienda sean parte activa en el convenio con el objetivo de hacer más vivienda pública y reducir el precio de venta.