Donostia
En primer lugar, queremos mandar un sentido abrazo a todas las personas que han perdido a un familiar o a alguien cercano durante la pandemia del Covid-19. Ayer mismo, el Ayuntamiento confirmó 49 personas fallecidas en Donostia, mientras los positivos contabilizados han sido hasta ahora 800. Si se extrapolan los datos del estudio de seroprevalencia serían unas 5000 las personas contagiadas en nuestra ciudad.
En cuanto a la gestión de la crisis por parte del Gobierno de Eneko Goia, desde EH Bildu queremos resaltar que ha intentado - y sigue intentando - gestionar esta crisis como si de un accidente pasajero se tratase. Más allá del shock inicial, la realidad es que en Donostia, en comparación con otras ciudades y municipios de nuestro entorno, se tardó mucho en reaccionar (por ejemplo, se tardó 12 días más que en Gasteiz en suprimir la OTA), en gran medida porque el equipo de Eneko Goia no realizó un diagnóstico adecuado del alcance de la pandemia. Y ese error de cálculo en torno al papel que debía jugar un alcalde y un Gobierno municipal ante una crisis de este tipo ha lastrado la acción de Gobierno semana a semana. Y se proyecta hacia el futuro en las decisiones que se están tomando en la desescalada y de cara a los próximos meses.
Los y las que sí entendieron perfectamente la dimensión de la pandemia ha sido las más de 700 personas que de forma altruista han tomado parte en las redes de cuidados constituidas en todos los barrios y pueblos de Donostia. Ya desde el mismo día en que se anunció el Estado de Alarma comenzaron a constituirse y en una semana ya estaban desplegadas en todos los barrios, ayudando a las personas más vulnerables. También hay que destacar el papel protagonista jugado durante el confinamiento por multitud de agentes sociales de la ciudad, que han mostrado una actitud proactiva para aportar en positivo, por ejemplo, en ayudar a las personas sin hogar o en poner en valor la movilidad sostenible.
Crisis más acentuada en Donostia
Pero lo cierto es que, además del impacto en la salud de muchos y muchas donostiarras, la crisis ha golpeado con fuerza al tejido socio-conómico de nuestra ciudad.
Antes de la pandemia, las diferencias económicas entre los barrios de Donostia ya eran evidentes y todo indica que esto ha tenido sus consecuencias ahora: en Altza, la tasa de positivos duplica y triplica la de los barrios del centro. Habría que analizar la relación de este fenómeno con el gran número de trabajadoras del sector de los cuidados que residen aquí, con sus condiciones laborales, con el precio de la vivienda, etc. En todo caso, durante estas semanas hemos podido comprobar dónde estaba el sector más vulnerable del modelo de ciudad vigente: el sector de los cuidados.
Y otra realidad palpable es que en Donostia la crisis va a ser más profunda que en el resto de ciudades vascas, en gran medida, por su dependencia del turismo internacional. Muchas personas van a tener que ser recolocadas o van a tener que ponerse en marcha planes de reparto del trabajo en el sector. A pesar de que ha quedado demostrado lo vulnerable que es un modelo de ciudad basado en el turismo, el Gobierno de Eneko Goia aún no se ha dado por aludido. En todo caso, reforzar otros sectores económicos más sólidos y con más futuro es un reto estratégico de ciudad.
Este error de cálculo del alcance de la pandemia y de sus consecuencias socio-económicas se manifiesta también en las escasas ayudas programadas para el pequeño comercio de Donostia. El tope de 680 euros de ayuda directa por establecimiento choca con, por ejemplo, los más de 1000 euros que se han acordado en Errenteria o Azpeitia, por poner dos ejemplos del herrialde. La decisión del PNV de no condonar los alquileres a los/as comerciantes con locales propiedad de la Fundación Zorroaga es un botón de muestra de su nivel de compromiso con este sector.
Y otra cuestión en la que se ha quedado muy atrás este Gobierno es en todo lo que tiene que ver con la movilidad y el impulso decidido de la bicicleta. Y es que hasta ahora solo se han semi-peatonalizado 800m repartidos en 5 calles y se han reconvertido un carril de la Avd. de la Libertad para que lo compartan coches y bicis. La apuesta por la llegada de vehículos privados hasta el centro de la ciudad sigue siendo la prioridad del Gobierno municipal.
Por lo demás, Eneko Goia se ha escudado en su teórica falta de competencias para no hacer nada contra la brecha digital. Pero lo cierto es que han sido muchos alumnos y alumnas donostiarras los que no han podido seguir las clases on line porque no tenían ordenadores o wifi, mientras los equipos de las casas de cultura, por ejemplo, estaban en desuso. Y Goia también se escudó en la falta de competencias para no intermediar en los graves sucesos de la residencia de Berra. Asimismo, en un primer momento se llegó a desentender de las medidas de seguridad de las empleadas del servicio a domicilio “porque eran competencia de la empresa adjudicataria”. Y esto fue así hasta el 6 de abril, cuando Eudel le instó a que dotara de equipos de protección a las trabajadoras del SAD.
Modelo de gobernanza
Otra de las consecuencias de no haber entendido bien el alcance de la crisis es que Eneko Goia ha prescindido totalmente de los colectivos ciudadanos e incluso de los grupos de la oposición para afrontar la pandemia. En nuestra opinión, la mejor manera de afrontar retos de ciudad de este calibre es mediante el liderazgo compartido. Pero en Donostia la centralización del poder ha sido la tónica general: Goia no ha buscado acuerdos y no ha intentado en ningún momento dar imagen de unidad. El cambio de la normativa de terrazas despreciando públicamente la opinión de las Asociaciones de Vecinos/as y la suspensión unilateral de la Semana Grande son buenos ejemplos de cómo no se debe gobernar en época de crisis.
Sin duda, vivimos un auge de modelos autoritarios de gobernanza, y Donostia no es ajena a ellos. Y es que no podemos olvidar que justo antes de la pandemia Goia había puesto en marcha un cambio del Reglamento del Pleno para obstaculizar la acción de los grupos de la oposición.
EH Bildu, proactiva
Desde EH Bildu hemos sido todo lo proactivas que hemos sido capaces. En total, hemos hecho más de 50 propuestas concretas para hacer frente tanto a la crisis sanitaria como a la crisis económica. Además de las medidas prepuestas para proteger la salud de la ciudadanía y de las trabajadoras municipales (SAD, dBus …), EH Bildu presentó más de 20 propuestas para impulsar el pequeño comercio y el primer sector, propuso medidas perfectamente realizables para aliviar la brecha digital de centenares de alumnos/as, hizo público un plan para revitalizar el sector cultural donostiarra, otro plan para habilitar carriles bicis provisionales y, con un ojo puesto en el futuro y otro en la difícil situación que atraviesan, presentó un plan para empezar a re-direccionar el sector del turismo.
De todas estas medidas presentadas, algunas han sido recogidas por el Gobierno municipal, como la suspensión del cobro del alquiler social a familias en dificultades económicas o la creación de una plataforma para la distribución de los productos de las tiendas de los barrios (1). Además, también nos congratuló leer en la prensa que el Ayuntamiento había llamado una a una a las personas mayores de Donostia, ya que era una propuesta que había hecho EH Bildu tras comprobar que en Errenteria lo estaban haciendo ya desde el primer día de confinamiento.
De cara al futuro, EH Bildu está ultimando un plan de choque integral para que Donostia pueda salir fortalecida de esta crisis y de otras que puedan venir en el futuro. La clave estará en poner la vida de las personas en el centro de las políticas públicas.
1 Nos referimos a la plataforma Donostia Market Plaza presentada ayer, pero hay que decir que el presupuesto de 170.000 euros se queda muy corto para una ciudad como Donostia. Logroño, por ejemplo, aunque tiene 35.000 habitantes menos que Donostia, ha invertido 250.000 euros; y Azpeitia (14.000 habitantes), 50.000 euros.
La crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 está teniendo un impacto muy fuerte sobre las personas en prisión. En este contexto, importantes organismos internacionales urgen a adoptar medidas específicas sobre las cárceles. Tal es el caso de organismos como la Organización Mundial de la Salud, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y el Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, de Naciones Unidas, el Comité para la Prevención de la Tortura, así como la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, además de organismos y asociaciones de derechos humanos y solidaridad con personas presas del Estado. Todas ellas inciden en la necesidad de adoptar alternativas a la privación de libertad, incluida la excarcelación de personas presas, así como garantizar la atención médica adecuada a las necesidades específicas, sobre todo a grupos vulnerables o de riesgo: grupos de edad avanzada y grupos con patologías previas.
Constatamos igualmente que algunos estados europeos han adoptado, o están diseñando, medidas en este sentido. Estados con respecto de los cuales, el Estado español se encuentra entre los que tienen una tasa global de población reclusa más alta (126 personas presas por 100.000 habitantes), incluidas una de las mayores ratios de mujeres (7,5% de la población reclusa), personas extranjeras (28,1%), mayores de 50 años (20%), personas con discapacidad psíquica o física (5,17%), así como las más altas medias de duración de la reclusión (21 meses). Consideramos, pues, que hay un amplio margen para, además de enfrentarse eficazmente a la pandemia, aproximarse a estadísticas de reclusión más progresistas.
Somos conocedores de que se han anunciado, por parte del Ministerio del Interior, medidas para que personas que se encuentran en tercer grado y deben volver a prisión a pernoctar, no tengan que hacerlo, algo que, debido a la carencia de sistemas de control telemático, sólo podría aplicarse a 3.000 personas reclusas, aproximadamente.
Sin embargo, consideramos que, además de las medidas ya tomadas, restrictivas de derechos, dirigidas a parar los contagios y evitar la propagación del virus, de cuya necesidad y oportunidad nadie duda, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias debería adoptar medidas alternativas más intensas, dirigidas a garantizar la salud de las personas presas, flexibilizando la salida de ciertos colectivos de especial vulnerabilidad o de grupos de riesgo, así como de quienes tienen una perspectiva cercana de excarcelación, que cuenten con condiciones adecuadas para su confinamiento en situación de igualdad con el resto de la población.
Así, quienes impulsan esta iniciativa consideran que es absolutamente prioritario la adopción de medidas de excarcelación más exigentes, para que las personas presas puedan permanecer en espacios más salubres y en condiciones de atención y cuidado más profilácticas y sanitariamente más adecuadas que las que la prisión les depara.
Estas medidas contribuyen a evitar la propagación del virus en los centros penitenciarios, aliviar los escasos recursos sanitarios y la tensión en las prisiones, a la par de reforzar el arraigo familiar y social de estas personas con su entorno. Medidas preventivas antes de que los casos que ya han empezado a constatarse en prisión tengan un desenlace fatal, más allá de los que a día de hoy debemos lamentar.
La normativa penitenciaria ofrece diversas vías para responder de forma humanitaria ante la excepcionalidad planteada por el riesgo del Covid-19, tales como la clasificación de tercer grado humanitario (art. 104.4 RP y 36.3 CP) para decretar el cumplimiento domiciliario de la pena para quienes presenten patologías previas serias, crónicas o agravadas por la edad (mayores de 65 años) que les hagan especialmente vulnerables a la pandemia. Se procederá a la aplicación generalizada de la modalidad prevista en el artículo 86.4 RP y en el artículo 100.2 RP, para internos e internas ya clasificados en tercer grado, o la urgente revisión de clasificación de grado de aquellas personas que se encuentren en la actualidad clasificadas en segundo grado y disfrutando de permisos y presenten un pronóstico favorable de reinserción, para su inmediata progresión a tercer grado.
En el mismo sentido, vía artículo 91 CP, se revisarán las circunstancias individuales de personas penadas, para elevar por las Juntas de Tratamiento a los juzgados correspondientes propuestas de libertad condicional para aquellos internos e internas que hayan cumplido las tres cuartas partes de la condena, no presenten alto riesgo de reincidencia y/o presenten pronóstico favorable a la reinserción social, previa clasificación en tercer grado.
Por todo ello, las y los portavoces de los grupos municipales abajo firmantes, presentamos la siguiente DECLARACIÓN INSTITUCIONAL para su debate en el próximo Pleno, y apremiamos al Gobierno para que adopte las siguientes medidas:
1- El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián solicita al Gobierno español que, en el ejercicio de sus facultades, dentro del ordenamiento jurídico y siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales, adopte las oportunas medidas de excarcelación de personas presas, en especial de quienes presentan especial vulnerabilidad ante el COVID-19, concretamente internos e internas que presenten patologías previas serias, crónicas o agravadas por la edad (mayores de 65 años), por conformar grupos de riesgo ante el contagio de la pandemia.
2.- El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián solicita al Gobierno español que adopte medidas, sin excepcionalidad de ningún tipo derivada de la tipología o gravedad del delito, para la excarcelación de presos y presas que hayan cumplido las tres cuartas partes de la condena, no presenten alto riesgo de reincidencia y/o presenten pronóstico favorable de reinserción social, con recursos familiares o de su entorno social próximo para someterse al confinamiento en los mismos términos que el resto de la sociedad.
3- El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián solicita al Gobierno español que garantice la coordinación entre Sanidad, Justicia e Interior, para generalizar medidas de protección, examen preventivo de síntomas y diagnóstico rápido de personas en prisión, derivando inmediatamente a centros hospitalarios de la red pública a quienes presenten síntomas o den positivo por enfermedad de COVID-19.
4- El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián solicita al Gobierno español que, mientras dure la crisis sanitaria, garantice el derecho a la información a las personas presas, ofreciendo conocimiento actualizado y asequible sobre el desarrollo de la pandemia y de las medidas adoptadas a nivel general y, en particular, dentro de las prisiones, para prevenir y contener su propagación. Asimismo, solicita que se extienda la comunicación indirecta entre personas internas y familiares, con gratuidad de llamadas telefónicas y ampliándose el recurso a las videollamadas más allá de las actuales limitaciones a circunstancias de enfermedad o urgencia familiar.
5- El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián solicita al Gobierno español a que, cuando se inicie la desescalada en busca de la normalización previa al estallido de la pandemia, se tenga en cuenta a las personas privadas de libertad y se aceleren las decisiones encaminadas a que las personas presas retomen las comunicaciones directas con sus familias y abogados. En este sentido, se deben dar los pasos necesarios para proceder al acercamiento generalizado a prisiones cercanas a sus domicilios de todas las personas presas que así lo soliciten. No sólo porque es su derecho, sino porque es un impedimento añadido para la normalización de las comunicaciones de las internas e internos. Un acercamiento geográfico de las personas presas a sus familias, para el que se hace necesario retomar las conducciones con medidas higiénicas y de seguridad similares a las de otro tipo de transportes, y un acercamiento que debería comenzar con las reclusas y reclusos más alejadas de sus domicilios y con los padres y madres de hijos e hijas menores.
Donostia, 22 de mayo de 2020
Firmantes.
Jon Insausti Maisterrena (portavoz del grupo EAJ/PNV), Reyes Carrere Zabala (portavoza del grupo EH Bildu) y Aitzole Araneta Zinkunegi (portavoza del grupo Elkarrekin Donostia)
EH Bildu denuncia el uso antidemocrático del Salón de Plenos y el modelo autoritario de gobernanza que Eneko Goia quiere implantar en Donostia