AKTUALITATEA

| 2025-02-04 11:41:00

La crisis habitacional es un problema de primer orden que urge abordar desde políticas públicas ambiciosas. Hay herramientas disponibles si hay voluntad política y, en ese sentido, las noticias conocidas estos últimos días y semanas constatan que los discursos se aproximan cada vez más a lo defendido insistentemente por EH Bildu, asumiendo las medidas que hemos propuesto, promovido y también apoyado en todas las instituciones. Por ejemplo, declarar zonas tensionadas de vivienda para poder limitar el precio de los alquileres, la necesidad de la colaboración interinstitucional con el objetivo de aumentar el parque de vivienda pública protegida (VPP) y la aplicación de medidas que ayuden a sacar al mercado las viviendas vacías. Formaciones hasta ahora reticentes con algunas medidas se muestran ahora abiertas y es una buena noticia, sin duda.

Cabe recordar que todas estas medidas son posibles gracias a leyes como la Ley de Vivienda el 2015 del Parlamento Vasco y la Ley de Vivienda del Congreso de los Diputados en Madrid del 2023. Ambas se aprobaron con el voto favorable de EH Bildu porque tenemos claro que tenemos que utilizar todos los mecanismos posibles para dar solución a este problema (en el caso de Donostia, la principal preocupación de la ciudadanía). Sin embargo, el PNV votó en contra en ambos casos.

Pero la presión popular y las mayorías que existen en este país y en esta ciudad, mayorías progresistas, han obligado al PNV a desdecirse de lo dicho y comenzar a aceptar que no se puede dejar que el mercado de la vivienda se gobierne por sí solo para beneficio de unos pocos, como fondos buitre, y desatendiendo el derecho subjetivo a la vivienda de todas las personas.

Al hilo de lo conocido este fin de semana, conviene señalar que, más allá de operaciones de marketing, para EH Bildu la solución al problema de la vivienda trasciende la construcción de nuevas promociones, obviando la necesidad de sacar al mercado la vivienda vacia, la intervención en la vivienda construida con la fórmula de la calificación o llevando a la práctica otras iniciativas que ya se dan en otros lugares como el cohousing. En una comparecencia ofrecida este martes, el portavoz municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Donostia, Juan Karlos Izagirre, ha recordado que son desarrollos urbanísticos ya contemplados en el Plan de Vivienda Municipal que se presentó al Gobierno Vasco como anexo a la solicitud para nombrar a Donostia ciudad tensionada y al que EH Bildu sumó aportaciones. Un trámite que ha costado sacar adelante pese a la mayoría de este Pleno.

Además, convendría aclarar «qué trato va a tener y qué objetivo persigue aquello que se va   construir. Se ha dicho que se ofrecerán una serie de terrenos al Gobierno Vasco para que haga vivienda pública cuando en algunos casos la titularidad de los mismos es privada. Es decir: se están ofreciendo unos suelos que no son del Ayuntamiento. También habría que determinar y dejar bien atado que esa VPP será efectivamente pública y que se mantendrá la calificación», ha pedido.

Para EH Bildu el compromiso ha de ser inequívoco y por eso echamos en falta que no se haya especificado qué porcentaje desarrollaría cada institución; tampoco se ha mencionado que muchos de estos proyectos requieren de la aprobación del nuevo PGOU, lo que supone años de demora. Además, no se condiciona el ofrecimiento a realizar las obras en un plazo concreto. «Por lo tanto, actuemos de forma responsable, con debates y propuestas realizables, sin generar falsas expectativas ni utilizar medias verdades», ha pedido.

El momento idóneo para renegociar

Desde EH Bildu planteamos una propuesta que cumple estas premisas y que intenta reconducir un acuerdo firmado por el Gobierno Municipal del PNV-PSE y que no se firmó con la vocación y ambición necesarias pensando en lo mejor para Donostia. Consideramos que es el momento propicio para reconducir aquel acuerdo que como hemos sostenido desde el principio es ventajoso para el Ministerio de Defensa pero no lo es tanto para Donostia: por el precio convenido (74 millones de euros), por el porcentaje mínimo de vivienda pública y por otras condiciones pactadas, como el incremento del precio si se construye más de lo previsto pero sin una reducción si se construye menos o nada.

«Hablamos de los cuarteles de Loiola y el acuerdo firmado entre el Ministerio de Defensa y el Gobierno Municipal en diciembre de 2023. Consideramos que estamos en un momento idóneo para renegociar este acuerdo», ha valorado Izagirre. Según ha recordado, los discursos tanto del Gobierno de Madrid, como del Gobierno Vasco, comparten la necesidad de colaborar entre diferentes instituciones, ofreciendo suelos públicos para conseguir el máximo de vivienda pública. Las palabras del Consejero de Vivienda o del presidente del Gobierno español van en esa línea. Por otro lado, el acuerdo entre el Ministerio de Defensa y el Gobierno Municipal de Eneko Goia se encuentra suspendido temporalmente hasta que Costas dictamine sobre el deslinde a aplicar en estos terrenos.

El objetivo de renegociar el acuerdo y pedir la implicación activa del Gobierno Vasco permitiría abaratar la operación y garantizar que el porcentaje de vivienda pública protegida sea el máximo, en la linea del Plan de Vivienda del Ayuntamiento en el que EH Bildu aportó este punto. Justo al lado, se ha planteado una cesión gratuita del suelo de la cárcel de Martutene al Gobierno Vasco, con porcentajes de vivienda pública muy superiores, y esto gracias a la planificación que EH Bildu hizo para esa zona en la legislatura de 2011-15. ¿Por qué no plantearlo en los cuarteles?