AKTUALITATEA

| 2025-10-30 18:00:00

A iniciativa de EH Bildu, la Oficina de Atención Ciudadana de Vivienda ofrecerá asesoramiento sobre derechos y obligaciones en materia de vivienda a las personas más vulnerables, entre ellas las personas migradas. Asimismo, se realizará una campaña informativa dirigida a la ciudadanía sobre los derechos y obligaciones de las personas arrendatarias. 

Este acuerdo se ha logrado tras la aprobación una enmienda transaccionada entre EH Bildu y el equipo de gobierno, a raíz de una moción presentada por la formación soberanista. Angelica Orozco, concejala de EH Bildu, ha señalado que el mismo supone un "avance", al tiempo que ha confiado en que el servicio de asesoramiento sirva para evitar situaciones de discriminación a las personas migrantes en el acceso a la vivienda, ya que, según ha dicho, "cada vez más personas o familias denuncian ser discriminadas por su origen a la hora de intentar suscribir un contrato de arrendamiento de vivienda a través de un operador inmobiliario". 

"Ello afecta, además, a los derechos básicos de las personas migrantes que, al no poder acceder a una vivienda, no pueden empadronarse y por tanto obtener los derechos asociados, como a la tarjeta sanitaria o a la educación, quedando en una situación total de desprotección", ha advertido. 

Orozco ha precisado que el racismo inmobiliario, "no es una cuestión de capacidad económica, ya que estamos hablando de que las personas son discriminadas por su perfil racial, por su origen y por su apellido". Precisamente, según ha dicho, "es ahí donde existe una laguna y no tenemos herramientas para hacerle frente", ha señalado, para añadir que espera que el acuerdo adoptado hoy "sirva para cubrir ese vacío". 

"Ser inmigrante no es sinónimo per se de vulnerabilidad. Consideramos que son las políticas públicas o las prácticas implementadas en los lugares de acogida las que a menudo colocan a ciertos colectivos en esta situación y un ejemplo de ello es el racismo inmobiliario", ha explicado. 

Por ello, ha señalado que desde las administraciones públicas se deben adoptar medidas para favorecer prácticas tolerantes y apoyar a los grupos especialmente afectados por la discriminación por origen en la búsqueda de vivienda y "eso es lo que se pretende conseguir con el acuerdo alcanzado hoy", ha concluido.