AKTUALITATEA

| 2026-01-20 07:48:00

El Ayuntamiento de Sopela está desarrollando un plan de acción integral para dar respuesta a las necesidades de vivienda en este municipio vizcaino, que incluye, más allá del desarrollo de los convenios firmados en la pasada legislatura con el Gobierno Vasco para la promoción de vivienda pública, otros pasos dirigidos, entre otros objetivos, a la movilización de vivienda vacía, conversión de lonjas en vivienda y la declaración de zona tensionada.

Unai del Burgo, portavoz municipal de EH Bildu y teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Sopela, actualmente alcalde por delegación tras la baja por maternidad de la alcaldesa Guruzne Carrasson, no duda en situar el grave problema de la vivienda, más allá de las consecuencias de las políticas públicas supramunicipales en esta materia, en las consecuenias de «décadas de planificación urbanística totalmente antisocial. Antes esta crisis de la vivienda, tenemos la obligación de tomar decisiones valientes y contundentes, en fiscalidad, en la colaboración con otras administraciones para la promoción de vivienda pública y para movilización de vivienda vacía, y en el desarrollo de la futura planificación urbanística o PGOU».

Sopela se encuentra por debajo de los índices de personas jóvenes emancipadas, con solo el 25,5%, frente al 31% y el 31,4% de la Comunidad Autónoma Vasca y de Bizkaia, respectivamente. Por otro lado, el parque de viviendas ha crecido un 16,6% entre 2010 y 2023. El 84,5% son viviendas habituales (viviendas principales) y el 15,5% viviendas destinadas a otros usos. Por el contrario, hay 1.693 solicitudes activas en Etxebide, de las cuales el 58,9% solicitan alquiler. La mitad de las solicitantes (51,1%) son mujeres, el 36,4% el 36,4% de hombres y el 12,4% son parejas.

El Ayuntamiento de Sopela dio un paso importante al aprobar en febrero de 2025 el documento “Criterios y Objetivos” del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU),  con los votos a favor del gobierno municipal y de Alternativa Vecinal de Sopela y los contrarios de PSE-EE y PNV. «Las Normas Subsidiarias de 1999, aún en vigor, propiciaron el desarrollo de mucha vivienda unifamiliar o adosada, con gran  ocupación de terreno y muy poca vivienda de protección pública. Ahora, el nuevo criterio es la potenciación de viviendas de protección pública o la utilización de parcelas municipales para la construcción de equipamientos dotacionales», explica Del Burgo.

En la actualidad se desarrollan dos promociones de vivienda pública mediante convenio suscrito con el Gobierno Vasco en la pasada legislatura. Son 57 viviendas protegidas en alquiler. Las 24 de Loiola se adjudican en la actualidad y en Asu, el Gobierno Vasco está terminando de construir otras 33 VPO, de las cuales 3 serán cedidas a la Mancomunidad de Uribe Kosta para atender casos de emergencia social.

El Ayuntamiento de Sopela ha firmado un convenio de colaboración con Alokabide con el objetivo de movilizar las viviendas vacías del municipio y facilitar el acceso a vivienda digna y adecuada en régimen de alquiler público.

«Por otra parte -incide el alcalde en funciones-- a partir de este año, se gravará con un recargo del 150% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los pisos vacíos del municipio»,  Paralelamente, se ha acordado también incrementar del 50% al 99% la bonificación en el IBI a los propietarios que cedan su piso a cualquier programa público de alquiler.

Se ha aplicado en Sopela una moratoria por la que no se han concedido permisos a nuevas viviendas turísticas. En estos momentos se está desarrollando una regulación para limitar los permisos a este tipo de vivienda.

El Ayuntamiento ha iniciado asimismo los trámites para solicitar al Gobierno Vasco la declaración de zona tensionada. El equipo de gobierno ha impulsado, por otra parte, una ordenanza municipal que posibilite la conversión de locales comerciales desocupados en viviendas, bajo las condiciones de Viviendas de Protección Oficial (VPO). Es importante destacar que esta medida se implementará de manera que no afecte negativamente al desarrollo comercial del municipio.

El equipo de gobierno, indica Del Burgo, «está inmerso en la actualidad en dar respuesta al recurso de casación contra el Plan Parcial de Abaro interpuesto por la Asociación Vecinal de Sopela, que bloquea la construcción de unas 490 VPO. Esta postura de la asociación perjudica gravemente al futuro de los y la sopeloztarras, algo con lo que estamos totalmente comprometidas en este equipo de gobierno».