AKTUALITATEA

| 2020-04-08 14:10:00

La Diputación Permanente del Parlamento se reunirá el próximo día 17, tal y como había pedido EH Bildu para debatir su paquete de propuestas para aliviar las consecuencias sanitarias y socioeconómicas del coronavirus. Así lo ha decidido hoy la Mesa del Parlamento, que finalmente ha atendido la petición de la coalición, aunque ello no debe ocultar las excusas que PNV y PSE han estado poniendo en los últimos días para evitar la convocatoria de la Diputación Permanente.

No obstante, y a pesar de los obstáculos, la Diputación Permanente se reunirá la próxima semana y tendrá sobre la mesa tres proposiciones no de ley de EH Bildu. La reunión tendrá carácter oficial, aunque se celebrará de forma telemática, lo que, en opinión de Eba Blanco, “demuestra que cuando hay voluntad política es posible encontrar y acordar soluciones, no como la semana pasada, cuando a la comparecencia telemática de Urkullu se le negó el carácter oficial con la excusa de que ese formato telemático era contrario al Reglamento”.

EH Bildu considera muy importante que sus propuestas puedan ser debatidas en el Legislativo porque es urgente tomar medidas para paliar las graves consecuencias que la pandemia está teniendo en el sistema sanitario, en el empleo y en el sistema público de protección, así como buscar soluciones entre todos los partidos.

Con ese objetivo, EH Bildu llevará tres proposiciones no de ley a la Diputación Permanente. La primera propone medidas específicas para pymes y autónomos (moratoria fiscal, supresión de gastos fijos y creación de un fondo para compensar las pérdidas de este periodo), la segunda se centra en el sistema de salud (hacer test masivos, garantizar equipos EPI de protección a todo el personal de Osakidetza y planificar desde ya el escenario posterior a la situación de emergencia previendo todas las coyunturas posibles) y la tercera está dirigida a paliar la “situación realmente grave” de las residencias de mayores (test masivos a trabajadores y usuarios, garantizar equipos EPI, reforzar las plantillas para asegurar una atención adecuada y control público de las residencias privadas).