Hace tres meses denunciamos que varias viviendas de uso turístico de Getxo estaban operando en contra de la normativa municipal y que detrás de esta situación se encontraba la mala gestión del Ayuntamiento de Getxo. Tal y como explicamos entonces, el Ayuntamiento remitió fuera de plazo los informes urbanísticos desfavorables al Gobierno Vasco, lo que permitió la concesión de licencias mediante silencio administrativo.
Hoy podemos afirmar que las denuncias y los recursos presentados por EH Bildu empiezan a dar resultados. El Gobierno Vasco ha iniciado procedimientos de comprobación sobre diversas viviendas y habitaciones turísticas de Getxo y ha vuelto a solicitar al Ayuntamiento los correspondientes informes urbanísticos. Además, le ha recordado que dichos informes deben emitirse dentro del plazo legal de tres meses. Conviene recordar que el origen de esta situación se encuentra en la dejadez del gobierno municipal. A pesar de que la ley establece un plazo de tres meses, durante los últimos años numerosos informes fueron remitidos con retrasos de hasta un año. Como consecuencia, el Gobierno Vasco aplicó el silencio administrativo positivo y se registraron actividades incompatibles con la normativa urbanística de Getxo.
Desde EH Bildu solicitamos la revisión de 17 expedientes y exigimos actuaciones contra aquellos establecimientos que operan sin las autorizaciones necesarias. Ahora, el propio Ayuntamiento reconoce que en las últimas semanas ha recibido quince nuevas solicitudes de informe y que, en la mayoría de los casos, ha emitido informes desfavorables.
Esto significa que, una vez finalizados los procedimientos de comprobación, las actividades incompatibles con la normativa municipal podrán ser clausuradas y dadas de baja del registro turístico del Gobierno Vasco.
Es una buena noticia que se hayan empezado a tomar medidas contra estas actividades ilegales. Sin embargo, no debemos olvidar que pudieron abrir precisamente porque el gobierno municipal no hizo su trabajo a tiempo. Por ello, desde EH Bildu seguiremos trabajando para defender el derecho a la vivienda y exigir el cumplimiento efectivo de la normativa.