AKTUALITATEA

| 2025-01-16 09:01:00

EH Bildu ha solicitado al Gobierno Municipal la reordenación del servicio de urgencias sociales (SMUS) en base a lo establecido en el Decreto de Cartera y, por consecuencia, a la Diputación Foral de Álava a asumir el servicio en su totalidad o, en su defecto, a abonar el 100% del coste para el año 2025. En la actualidad, a pesar de que la ley establece que la titularidad del servicio es responsabilidad de la Diputación, el Ayuntamiento de Gasteiz sigue abonando más de la mitad del coste.

El Decreto de Cartera, que tiene como objetivo asegurar el acceso a los servicios sociales a todas las personas, se fundamentó mediante trabajo conjunto entre el Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava y diferentes Ayuntamientos para organizar y distribuir las competencias de cada una de las instituciones. La organización y reparto entre la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Gasteiz se remonta al año 2017, momento desde el cual se han firmado diferentes modificaciones del convenio inicial retrasando continuamente la materialización definitiva del reparto competencial.

La última modificación establece dos puntos importantes para el Ayuntamiento de Gasteiz. Por un lado, fija el 31/12/2024 como fecha de traspaso a la Diputación del SMUS. Por otro lado, fija que ambas instituciones han de aportar un 50% del coste, pero, en cualquier caso, fijando un máximo de 247.00€ para la Diputación Foral de Álava. Según Alberto Porras, concejal de EH Bildu, «se trata de un convenio perjudicial para nuestro ayuntamiento, porque a pesar de ser un servicio que debe asumir la Diputación por ley, el tope de 247.000€ está haciendo que ni siquiera lleguen a pagar la mitad del coste actual del servicio, que asciende a 586.000€».

Además, se prevé un incremento del coste en más de 100.000€ para el 2025 al traspasar la competencia de la seguridad de la policía local a una empresa privada. Esto supondría, según el convenio actual, que lejos de pagar el 50% que establece el convenio o el 42% que pagan en la actualidad, la Diputación Foral de Álava pagaría apenas un 35% del importe total.