El Gobierno municipal deberá dar cuenta de la ejecución de la sentencia en el Pleno de la ciudad, presumiblemente el próximo 28 de octubre. Queda por dilucidar ahora en qué situación se quedan los centenares de pisos turísticos que se abrieron bajo el amparo de una Ordenanza que ahora está, a todos los efectos, declarada nula de pleno derecho.
Como se recordará, en 2018, el pleno de Donostia aprobó una nueva Ordenanza que flexibilizaba la instalación de pisos de uso turístico en los edificios de la ciudad, permitiendo a partir de entonces abrir pisos por encima de la primera planta. Aquella Ordenanza fue autocalificada como “ejemplar” por el Gobierno municipal, llegando a asegurar que estaba siendo copiada “literalmente” por otras ciudades del Estado. En enero de 2020 esta Ordenanza fue declarada nula de pleno derecho por el TSJPV. Y el pasado abril de 2021, PNV-PSE aprobaron un cambio ad hoc del PGOU que volvía a incidir en permitir usos turísticos por encima de la primera planta.
Este final de la Ordenanza podía haberse previsto por parte de cualquier persona con un mínimo de conocimientos en derecho. Y es que ninguna Ordenanza municipal puede contravenir lo dictado por el Plan General, una norma jerárquicamente superior, y era obvio que esta Ordenanza lo hacía al permitir ubicar pisos por encima de la primera planta. Cabe recordar, asimismo, que EH Bildu advirtió de ello en todas y cada una de las reuniones y sesiones plenarias que se llevaron a cabo para elaborar dicha Ordenanza. De hecho, Ricardo Burutaran, justo antes de la votación definitiva, llegó a calificarla como “la breve”; como así ha sido.
Por ello, no se entiende que los altos cargos de los servicios jurídicos de este Ayuntamiento no supieran lo que iba a ocurrir. Y es que todas las ordenanzas llevan la firma del Secretario municipal, dando fe de su legalidad. Más tarde se conoció que el señor Secretario era propietario de un piso turístico que, casualmente, resultó luego ser una de las propiedades que se vio directamente beneficiada por la aprobación de esta Ordenanza ilegal. Una fotografía muy real de la Donostia actual.
Pero más allá de este ejercicio de malabarismo jurídico puesto en marcha por el Gobierno municipal, lo peor de todo son las consecuencias que para la ciudad ha tenido la flexibilización de las condiciones para poder ubicar un piso turístico. Y es que, tras la aprobación de la Ordenanza, fueron más de 900 los pisos que pudieron ser legalizados. Y todo indica que los pisos turísticos van a seguir proliferando en Donostia, saturando cada vez más zonas.
Y las consecuencias de esta proliferación son bien conocidas. Esta misma semana, el portal pisos.com volvía a situar a Donostia en el número 1 del ranking estatal en precios de la vivienda, con una subida del 7% en el último trimestre. Donostia es de las pocas ciudades donde el precio de la vivienda ha seguido encareciéndose en época de pandemia. Los fondos buitre y demás especuladores inmobiliarios conocen muy bien que tienen un “amigo” en el Gobierno municipal donostiarra, que es capaz de dar luz verde a una Ordenanza a todas luces ilegal y recurrir luego las sentencias al TSJPV y al TS, a sabiendas de que no iban a ser admitidos, con la única intención de ganar el tiempo necesario para elaborar una modificación ad hoc del PGOU. Todo ello con una única intención: impedir el cierre de los pisos turísticos situados por encima de la primera planta.
Sin embargo, con este tipo de decisiones políticas y malabarismos jurídicos la que siempre sale perdiendo es la ciudadanía donostiarra y su derecho a vivir con dignidad en sus barrios. Desde EH Bildu vamos a seguir luchando para frenar los procesos de gentrificación en marcha en varias zonas de la ciudad. No en vano en una década Gros ha perdido más de 1300 habitantes y el Centro y la Parte Vieja también han perdido al rededor de un 6% de su población, mientras la ciudad ganaba un 1%. Hay que ponerle un límite ya a la proliferación de pisos turísticos.
