AKTUALITATEA

| 2022-09-26 12:00:00

El problema de la vivienda en Donostia aumenta día a día. Los precios del alquiler marcan récords históricos y somos la única capital vasca en que los precios de compra superan ya los de la burbuja inmobiliaria. La consecuencia es que cientos de donostiarras se tienen que ir a vivir fuera porque les resulta imposible desarrollar aquí su proyecto de vida.

De un tiempo a esta parte, los fondos buitre se están convirtiendo en unos de los que más están agravando el problema, junto con la presión turística y la especulación. De hecho, los fondos buitre ya han empezado a desahuciar, como ocurrió, por ejemplo, el pasado mayo en Ategorrieta.

Toda hace indicar que la situación, lejos de ir a mejor, se recrudecerá, lamentablemente, durante los próximos meses y años, por lo que urge poner en marcha una batería de iniciativas a todos los niveles para hacerle frente. Entre otras cuestiones, EH Bildu viene reclamando la intervención pública en el mercado inmobiliario, lo cual en Donostia cobra, si cabe, más importancia.

Y, además de las iniciativas legislativas y las dinámicas sociales, también hace falta posicionamientos institucionales inequívocos en defensa del derecho a la vivienda. Siguiendo por la senda de otras iniciativas que estamos llevando a cabo junto con otros agentes durante los últimos meses, como el pleno extraordinario de vivienda de julio, de cara a la Junta de Portavoces de mañana EH Bildu ha registrado una propuesta de Declaración Institucional para que la corporación donostiarra mande un mensaje claro a los fondos buitre de que no son bienvenidos en Donostia.

Este es el texto íntegro de la propuesta de Declaración Institucional:

Justificación

A pesar del reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda que se contiene en la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda del Parlamento Vasco resulta irrefutable que Donostia tiene un grave problema con el precio de la vivienda.

En efecto: unos precios desorbitados en materia de vivienda condicionan totalmente el futuro de un sector creciente de la población donostiarra y de sus proyectos de vida. Para muchos de ellos vivir en Donostia se está convirtiendo en algo imposible.

Es innegable que el problema del precio de la vivienda en Donostia no es nuevo y, que como tal fenómeno, son muchas y muy variadas las causas que nos han llevado y nos llevan a una creciente situación de emergencia habitacional.

Entre ellas, el hecho de que la vivienda residencial sea utilizada como un producto eminentemente especulativo contribuye a un crecimiento exponencial de los precios. En este sentido, la aparición en nuestra ciudad de fondos de inversión, conocidos popularmente como “fondos buitre”, para gestionar viviendas residenciales en régimen de alquiler, no contribuye a paliar estos movimientos especulativos.

Consecuentemente, no es una buena noticia ni para la ciudad, ni para los miles de donostiarra que demandan una vivienda. Las condiciones que imponen estos fondos de inversión, únicamente preocupados por proporcionar una determinado umbral de rentabilidad, no tienen en cuenta ni el derecho subjetivo de la vivienda, ni la situación de las personas que pretenden habitar en las viviendas que gestionan. Imponiéndoles a sus inquilinos, en muchas ocasiones, condiciones leoninas que les hacen imposible aspirar a renovar sus contratos de alquiler al expirar la vigencia de los mismos.

El fenómeno, afecta a cientos de casas en los barrios de Amara Zaharra, Gros, Benta Berri, llegando, en este último caso, al despropósito de gestionar viviendas de protección pública.

Por todo ello, el grupo municipal de EH BILDU presenta la siguiente

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Donostia reprueba y declara públicamente non-gratos a los fondos de inversión AZORA y BLACKSTONE que están gestionando viviendas en régimen de alquiler en Donostia, en ambos casos, y viviendas de protección pública, en el segundo, por la actitud de falta de compromiso mostrada cara a facilitar la renovación de los contratos de alquiler de sus moradores, como máximo con un incremento del IPC, y por no ofrecer la renovación de dichos contratos según la duración establecida en la legislación.