AKTUALITATEA

| 2021-03-29 12:49:00

Lo más significativo de la Ordenanza de pisos de uso turísticos era que eliminaba de facto la “norma de la primera planta” (Artículo 59 del Plan General de Ordenación Urbana), según la cual, como norma general, en Donostia no se podían instalar pisos de uso turístico por encima de la primera planta de los edificios. A partir de la entrada en vigor de la citada Ordenanza se permitía su ubicación en plantas superiores, bajo determinadas circunstancias. Sería la situación del piso denunciado.

En la sesión plenaria en la que se aprobó definitivamente la Ordenanza, el 1 de marzo de 2018, EH Bildu la denominó con el sobrenombre de “la breve” porque era obvio que contravenía el PGOU. Desde el punto de vista jurídico, esta Ordenanza presentaba una colisión frontal contra el Plan General, que es jerárquicamente una norma superior a cualquier ordenanza. No puede ser que en el PGOU se establezca que las actividades económicas deban cumplir la norma de la primera planta y en la Ordenanza se establezca justo lo contrario para los pisos de uso turístico.

Como decimos, el Gobierno municipal fue advertido en decenas de ocasiones por EH Bildu de que la Ordenanza iba a ser tumbada por los tribunales. El Gobierno municipal argumentaba siempre que la nueva Norma tenía el aval de los servicios municipales, y el propio concejal de Urbanismo de entonces, Enrique Ramos, felicitó en el pleno al Secretario, porque había contribuido con “un gran trabajo técnico” en la elaboración de la Ordenanza.

Como es sabido, en enero de 2020, el TSJPV declaró nula de pleno derecho la Ordenanza de viviendas de uso turístico de Donostia. En enero de este año, el TS comunicó que ni siquiera admitía a trámite el recurso del Ayuntamiento y en estos momentos se está a la espera de último recurso pendiente ante el mismo TSJPV que declaró la Ordenanza nula de pleno derecho.

Por otra parte, hay que señalar que dicho uso turístico está ubicado, precisamente, en el barrio de Gros, que es uno de los barrios más gentrificados de la ciudad. Según el INE, en la década que va desde 2010 a 2019 el barrio perdió más de 1100 habitantes (6%) mientras la ciudad crecía un 1%. Es innegable el impacto de la especulación urbanística en esta problemática, con los alquileres por las nubes y una multitud de pisos turísticos que crecen sin cesar. Además, el fondo buitre Azora compró la Inmobiliaria Vascongada, y es dueña de decenas de pisos y locales alquilados en la zona. También está prevista la apertura de varios nuevos hoteles en el barrio.

Por todo ello, y al objeto de analizar las circunstancias denunciadas, el grupo de EH Bildu ha solicitado el expediente de implantación de la citada actividad de uso turístico en vivienda y, por otra parte, el expediente de tramitación de la “Ordenanza municipal reguladora del uso de vivienda turística y de alquiler de habitaciones en vivienda habitual para uso turístico”, declarada ilegal por el TSJPV.