AKTUALITATEA

| 2024-06-17 11:33:00

El alcalde Eneko Goia ha comparecido a instancias de EH Bildu para aclarar los términos del acuerdo para la compraventa de los cuarteles de Loiola al albur de la noticias recientes. En primer lugar, agradecemos sus explicaciones en la comisión de Desarrollo y Planificación del Territorio; no obstante, desde EH Bildu creemos que ha quedado en evidencia que el acuerdo es mejor para el Ministerio de Defensa y no lo es tanto para el Ayuntamiento de Donostia. Creemos que es manifiestamente mejorable.

En una comparecencia ofrecida esta mañana por Juan Karlos Izagirre y Ricardo Burutaran, el portavoz del grupo municipal ha mostrado su extrañeza de que tanto el alcalde como su socio, el PSE, hayan afirmado que “confian” en que se resuelva positivamente el enredo y Costas acepte la calificación de suelo urbano.

Teniendo en cuenta la dimensión y trascendencia de esta operación urbanística, para EH Bildu no es cuestión de “confiar”, si no de tener la garantía y la certeza de que así será. Esto tendría que haber quedado recogido en el propio acuerdo, datado el 18 de diciembre de 2023. Ahora, el alcalde dice que no se escriturará la compraventa hasta que Costas determine que la linea de deslinde debe estar a 20 metros del río y no a 100. Resulta que mañana, día 18de junio, expira el plazo para el otorgamiento y pago de las escrituras por un valor de 64.447.000 euros aproximadamente, aunque parece ser que se aplicará la prórroga prevista de dos meses.

Respondiendo a la afirmacion del alcalde de que la planificación corresponde al ayuntamiento, EH Bildu quiere recordar que el Acuerdo firmado en diciembre se recoge la edificabilidad y el porcentaje de vivienda pública protegida. En dicho acuerdo se menciona que si lo edificado es inferior a lo previsto, el precio total no varía; sin embargo si se edificara más de lo previsto, aumentando el aprovechamiento, la cantidad a abonar al Ministerio de Defensa, aumentaría. Es evidente que el acuerdo beneficia a Defensa. Incluso si se diera el caso de una sentencia firme que anulara la planfinicación, el Ayuntamiento de Donostia no recuperaría la cantidad abonada, 73 millones de euros en total.

En palabras de Burutaran, cabe recordar que el Acuerdo se limita al mínimo legal de vivienda pública protegida. Han sido varias las ocasiones en que EH Bildu ha criticado este porcentaje, tanto por insuficiente, teniendo en cuenta además de que hablamos de un terreno de propiedad pública; como por el hecho de que mayor porcentaje de vivienda publica suponía un menor precio en la operación de compraventa.