Alrededor de 400 intervenciones incontroladas en el yacimiento de Iruña-Veleia fueron realizadas entre 2024 y 2025 por personas desconocidos gracias a detectores de metales sin seguir ningún tipo de metodología arqueológica
Araba. 17-11-2025 | El grupo juntero EH Bildu Araba ha registrado una moción en la que pide que se regule el uso de detectores de metales para evitar daños en yacimientos arqueológicos y en el patrimonio histórico del territorio.
El pasado mes de junio se supo que dos personas habían sido identificadas tras el robo de varias piezas arqueológicas y monedas de Iruña-Veleia, y según lo recogido en la prensa, en el yacimiento se realizaron numerosas entradas y salidas y 400 catas ilegales. Por ello, EH Bildu solicitó la comparecencia de la diputada de Cultura, Ana del Val, para que diera explicaciones.
En esa comparecencia los miembros de EH Bildu conocieron el alcance del expolio: «En esa comisión pudimos constatar que los expoliadores estuvieron 16 meses entrando y saliendo del yacimiento de Iruña-Veleia. No se ha podido saber la magnitud de los daños, pero tampoco se puede dudar de que a lo largo de tanto tiempo y con cerca de 400 muestras ilegales, las pérdidas son muy importantes», ha dicho el procurador de EH Bildu Araba, Xabier Valdor.
En vista que la facilidad de acceso a los detectores de metales y los precios asequibles pueden tener un impacto directo, y teniendo en cuenta las modificaciones legislativas sugeridas por la propia diputada, EH Bildu ha dado un paso al frente y ha pedido al Gobierno Vasco que prohíba los detectores de metales mediante la modificación de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural, con el fin de «evitar el deterioro y el expolio del patrimonio cultural y del patrimonio histórico».
También piden al Gobierno que regule en esa misma Ley la aprobación previa de la dirección de cultura de la Diputación Foral para autorizar el uso de detectores de metales y otros instrumentos o técnicas. Por último, piden a la Diputación de Araba que defienda públicamente y ante el Gobierno Vasco su postura favorable a modificar la ley.