Desde la apertura de las piscinas municipales el pasado 14 de junio, se han detectado
una serie de deficiencias que cuestionan la gestión del servicio, la seguridad de las
instalaciones y la transparencia de la información ofrecida por el equipo de gobierno.
Durante varios días, el estado del agua ha sido claramente inadecuado: agua turbia, sin
visibilidad del fondo y, a veces, de color verde por la proliferación de algas. En ocasiones
no se ha cumplido estrictamente el protocolo de limpieza al no realizarse el
mantenimiento al final de la jornada, y tampoco se han controlado debidamente los
excesos de aforo.
La situación de las instalaciones también deja mucho que desear. Se han detectado
numerosas baldosas rotas que han provocado cortes en los pies de varias personas.
Además, algunas duchas permanecen precintadas desde hace semanas, hecho que
limita las comodidades y servicios básicos para las personas usuarias.
Otro aspecto que nos preocupa es el análisis del agua. Este control, que debe realizarse
tres veces al día según el pliego de condiciones y la normativa vigente, podría no estarse
llevando a cabo en el horario de máxima afluencia. De confirmarse, estaríamos ante un
hecho grave contra la salud pública.
En relación con la presencia de heces en el agua, se han difundido informaciones
incorrectas. Estos episodios, que provocaron el cierre de las piscinas los días 29 y 30 de
junio, y 1, 6 y 9 de julio (5 días en total, no 8 como se ha afirmado), fueron incidentes
aislados y accidentales. A un bebé se le escaparon las heces dos veces de manera
involuntaria, a otro bebé una vez, y a una persona con necesidades especiales le ocurrió
lo mismo. En ningún caso han sido consecuencia de un “reto viral”, como se insinuó
desde algunos medios de comunicación, ni de “varias personas que se quieren hacer los
graciosos”, tal y como expresó el alcalde Iker Santocildes en una entrevista de radio.
Estas afirmaciones infundadas han contribuido a dañar la imagen de Orduña, a
estigmatizar implícitamente a la juventud al asociar “reto viral” con jóvenes, y a desviar
la atención de los problemas reales de mantenimiento y gestión.
Queremos destacar que las y los socorristas no son responsables de esta situación. Han
estado cumpliendo su labor en condiciones complicadas, dando la cara ante las personas
usuarias. La responsabilidad del mantenimiento recae en la empresa adjudicataria del
servicio, pero la máxima responsabilidad es del Ayuntamiento, gobernado por el PNV,
quienes deben garantizar que el servicio se preste en condiciones adecuadas, supervisar
su cumplimiento y asumir su papel en la gestión directa del mismo.
En cambio, el equipo de gobierno ha optado por culpabilizar a la ciudadanía y a las
familias, en lugar de reconocer errores y tomar medidas correctivas eficaces.
Desde EHBildu, el pasado 7 de julio solicitamos por escrito al alcalde información sobre
cada una de las incidencias, así como un registro detallado de las actuaciones llevadas a
cabo por la empresa y por el Ayuntamiento. En la respuesta que hemos recibido el 21
de julio (dos semanas después), el equipo de gobierno se ha limitado a darnos
información general. Es decir, el alcalde nos ha dado la misma información que había
dado a la prensa una semana antes.
En nuestro escrito, solicitamos también que se informara debidamente a la ciudadanía,
pero no está siendo así. Este fin de semana, por ejemplo, el agua de las piscinas ha
estado verde, no apta para el uso, y por parte del Ayuntamiento no se ha dado ningún
tipo de información.
A día de hoy, a finales de julio, la ciudadanía ha perdido la confianza en el servicio, e
incluso en días soleados, las piscinas municipales permanecen prácticamente vacías.
Siendo las piscinas de La Muera la promesa estrella del PNV, ¿cómo puede ser que la
gestión esté siendo tan nefasta?