AKTUALITATEA

| 2024-10-10 11:41:00

EH Bildu ha defendido hoy en el Parlamento una proposición no de ley para pedir al Gobierno vasco que en el plazo de un año haga un estudio que examine cómo se garantizan los derechos lingüísticos en la Administración de Justicia: las medidas que se han adoptada con ese fin, sus resultados, las competencias, costumbres y demanda lingüística de la plantilla y las personas usuarias, así como los obstáculos y problemas que encuentran para utilizar la lengua de su elección.

La iniciativa de EH Bildu, sin embargo, ha sido rechazada por PNV y PSE de manera incomprensible, máxime si se tiene en cuenta que el Consejo de Europa acaba de pedir medidas para garantizar el uso del euskera en el ámbito de la Justicia, o que el propio lehendakari Pradales denunció ayer mismo en la apertura del año judicial que hay numerosos obstáculos para celebrar juicios en euskera y que el desconocimiento del euskera por parte de jueces y fiscales no puede vulnerar los derechos de la población euskaldun, tal y como ha recordado Eraitz Sáez de Egilaz dejando en evidencia la contradicción del grupo jeltzale.

“El euskera está ahogado en el ámbito de la Justicia”, ha denunciado la parlamentaria de EH Bildu, entre otros motivos porque el plan de normalización lingüística que Lakua puso en marcha en 2011 no ha dado apenas resultados. “Han pasado 13 años y la situación es la misma, los derechos lingüísticos de los castellanohablantes están plenamente garantizados, pero para los euskaldunes la vulneración es sistemática, distinguiendo así entre ciudadanos de primera y de segunda”.

La iniciativa que ha defendido Sáez de Egilaz responde a la necesidad de cambiar de una vez esa situación. “Pedimos un análisis en profundidad, proponemos que se analice si quien vive en euskera fuera del juzgado asume en cuanto cruza la puerta que no podrá hablar en euskera y por eso empieza en castellano, que se cuantifiquen los retrasos que se producen cuando se solicita realizar un procedimiento en euskera, o si algunos operadores jurídicos son un obstáculo para ello. Un análisis de los casos y la situación de cada juzgado, los hábitos y competencias lingüísticas del personal y de los usuarios y usuarias, un trabajo serio, en definitiva, para definir y acertar en las medidas a adoptar posteriormente”.