AKTUALITATEA


| 2022-06-20 11:34:00

EH Bildu ha llegado a un acuerdo con PNV y PSE para la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural una vez que ambos partidos han accedido a introducir en el texto original del Gobierno importantes mejoras propuestas por la coalición.

Según ha subrayado Itxaso Etxebarria, “hemos conseguido reconocer la importancia del sector primario respecto al desarrollo rural, ya que garantizar su futuro es un reto ineludible a tener en cuenta en todas las políticas públicas, y hemos introducido en la ley un objetivo claro: que la calidad de vida sea similar en el medio rural y en el medio urbano. Hay que acabar con esa brecha que existe entre los pueblos y las ciudades, no podemos aceptar que la vida en un pueblo sea una vida de renuncias constantes, que suponga renunciar a servicios y ventajas que son habituales en las ciudades. Quienes vivimos en pueblos tenemos que tener la misma calidad de vida que quienes viven en ciudades, es nuestro derecho. Hay que garantizar los servicios en todos los ámbitos para que los pueblos sean atractivos. Si no lo hiciéramos, no haríamos más que ahondar en los problemas demográficos y de despoblación”.

La Ley de Desarrollo Rural establece los criterios de utilización de los fondos procedentes de la Política Agrícola Común Europea. Fija objetivos y establece condiciones e instrumentos de planificación, gestión y financiación para la elaboración de programas y planes. Las enmiendas de EH Bildu, ha explicado Etxebarria, han buscado mejorar esas estructuras e instrumentos y, gracias a ello, la nueva ley protegerá las funciones y mejorará la financiación de las Asociaciones de Desarrollo Rural para que puedan poner en marcha diferentes proyectos; garantizará la participación de los sindicatos agrarios en el diseño de planes y programas, promoviendo un modelo de gobernanza de abajo hacia arriba; salvaguardará las competencias de las entidades locales, que tendrán voz en el diseño de los Programas de Desarrollo Territorial, y, finalmente, la ley recogerá expresamente la obligación de que las políticas y programas de desarrollo rural contemplen la perspectiva de género y los criterios lingüísticos.