AKTUALITATEA

| 2026-04-01 10:58:00

La ponencia parlamentaria encargada de tramitar y debatir las enmiendas al Proyecto de Ley de Transparencia ha concluido esta mañana sus trabajos. Lamentablemente, en la ponencia se ha puesto de manifiesto que ni el PNV ni el PSE tienen interés en activar medidas y mecanismos que refuercen de verdad la transparencia en las políticas públicas. Lamia Arcas ha anunciado por ello que “EH Bildu votará en contra de la Ley de Transparencia porque tiene carencias evidentes y es una oportunidad perdida para hacer una apuesta firme por políticas de transparencia reales y eficaces”.

Arcas ha explicado que la coalición independentista pretendía que esta ley reforzara la transparencia, fijara requisitos y controles estrictos, regulara buenas prácticas y garantizara la trazabilidad de la huella normativa. “A tal fin, presentamos 127 enmiendas, por un lado, para evitar ambigüedades en el articulado, darle concreción jurídica y asegurar que la ley funcionara en la práctica; por otro, para garantizar la independencia del modelo institucional de Gardena, la Autoridad Vasca de la Transparencia, ya que es fundamental evitar posibles injerencias políticas. Sin embargo, PNV y PSE han rechazado 107 de nuestras 127 propuestas y han dejado claro, por tanto, que su intención no es dar pasos en esa dirección. En consecuencia, la ley que saldrá del Parlamento no significará un avance cualitativo de cara a reforzar la transparencia en las políticas públicas y en la gestión de las administraciones”.

La ley, por tanto, no servirá para dar pasos cualitativos en cuanto a garantizar la independencia de la Autoridad de la Transparencia, ni establecerá medidas y mecanismos para proteger y garantizar los derechos de las personas que presenten denuncias o informen de irregularidades.

Tampoco quedará debidamente regulada la actuación de los lobbies o grupos de interés. “Nosotras –explica Arcas– propusimos transformar la redacción y la estructura de ese apartado de la ley para regular las relaciones de esos lobbys con los cargos y empleados públicos con el objetivo de garantizar la transparencia en la gestión de la Administración y controlar la actividad y la influencia que puedan tener los grupos de interés, pero PNV y PSE han desestimado nuestras aportaciones”.

“Y lo mismo ha ocurrido con las enmiendas relativas a la necesidad de aprobar una Ley de Participación Ciudadana y atender al impacto de la inteligencia artificial en las políticas públicas. Se niegan a asumir el compromiso de presentar un Proyecto de Ley de Participación Ciudadana, aunque es evidente que urge regular los procesos consultivos, y desprecian el impacto que ya tiene la inteligencia artificial, que será aún mayor en el futuro. Los nuevos entornos tecnológicos están transformando las relaciones entre la ciudadanía y las instituciones y la transparencia pública debe adaptarse a esta nueva realidad. De hecho, la gente tiene derecho a saber cómo se procesan sus datos. Por eso proponíamos que la ley reconociera la transparencia digital como principio rector. Planteamos, entre otras cosas, la creación de un Registro Público de Algoritmos y un Portal Único de Datos Abiertos, así como el uso preferente de software libre o de código abierto en los sistemas digitales, algo que también ha sido rechazado”.