AKTUALITATEA

| 2023-10-05 16:46:00

A propuesta de EH Bildu, el Parlamento ha mostrado hoy “su disconformidad” con la ‘Guía práctica sobre la incidencia de la competencia en el mercado laboral’ elaborada por la Autoridad Vasca de la Competencia porque “supone una injerencia en los derechos a la negociación colectiva y la libertad sindical”. Por ello, ha pedido a Competencia que la retire, y al Gobierno de Lakua que no la tenga en cuenta en la Administración. El acuerdo promovido por la coalición soberanista se ratifica además “en la defensa de la libertad sindical y el marco vasco de  negociación colectiva” e insta al Ejecutivo a “continuar defendiendo y fomentando el diálogo social y la negociación colectiva como instrumento básico para la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores vascos y la consecución del objetivo de un empleo de calidad en Euskadi, así como instrumento básico también para el progreso social, económico y democrático de las relaciones laborales vascas”.

La parlamentaria de EH Bildu Pazis García ha acusado a la Autoridad Vasca de la Competencia de “proponer, en nombre de la libre competencia empresarial, un modelo de relaciones laborales propio de siglos pasados”. En su opinión, la guía rechazada hoy por el Parlamento “supone una injerencia inaceptable en el derecho a la negociación colectiva y a la libertad sindical; es una guía ultraliberal con la misma base que la reforma laboral del PP de 2012 y que pretende instaurar un modelo de relaciones laborales basado en la unilateralidad empresarial, donde la negociación colectiva se convierte en un obstáculo para los intereses empresariales y, en consecuencia, es necesario limitarla”.

En definitiva, ha denunciado García, la guía de Competencia trata que “las empresas puedan competir en costos y derechos laborales a la baja, un modelo empresarial sin futuro que no puede alumbrar más que pobreza laboral”. No en vano, esa guía aboga por evitar la firma de convenios colectivos sectoriales y acuerdos salariales y la limitación de las horas extras y de la subcontratación, además de hacer una interpretación restrictiva de la posibilidad de incorporar cláusulas sociales en las licitaciones de la Administración Pública.