AKTUALITATEA

| 2024-11-01 19:38:00

El problema de la vivienda y la crisis habitacional que vivimos en Donostia nos obliga a tomar ya, de manera urgente, medidas ambiciosas y transversales. Es un problema de primer orden, estructural e intergeneracional, que nos exige estar a la altura; la ciudadanía necesita respuestas y soluciones. Desde EH Bildu mantenemos una posición propositiva y proactiva, llevamos años trayendo a este Pleno, también fuera de él, medidas que creemos pueden a ayudar a dar solución a esta realidad que no muestra visos de mejora. Y en esta línea, traemos a este Pleno de Política General una propuesta de resolución sobre la problemática de la vivienda.

Se han aprobado cinco de las 7 medidas recogidas en la resolución. Tres de ellas por unanimidad y dos por mayoría. Otras dos, sin embargo, no han salido adelante. La primera medida de la resolución no ha sido apoyada, en concreto, la que propone crear un grupo de trabajo que debería analizar las diferencias significativas entre el precio de venta estimado y el precio de venta y escritura.

La otra propuesta que no ha salido adelante es aquella que insta al gobierno municipal a que acuerde no vender parcelas residenciales de titularidad municipal para la construcción de viviendas libres, mientras se mantengan los criterios para la consideración de mercado tensionado de vivienda y en dicho ámbito no se esté promoviendo, al menos, un 50% de vivienda protegida. Son los casos de los edificios de la calle Amara o la promoción de Illarra.

A pesar del no, valoramos positivamente la aprobación de cinco de las siete medidas y demuestra que las medidas que pone sobre la mesa EH Bildu se sitúan en la dirección de la solución. Lo hemos dicho muchas veces e insistimos: en este pleno hay una mayoría y, si hay voluntad, se pueden sacar adelante políticas a favor del derecho a la vivienda.

Estas son las propuestas que han salido adelante por unanimidad:

- Se insta al gobierno municipal a estudiar formulas que permitan que el porcentaje de vivienda protegida, especialmente en el caso de ámbitos de mayoría de titularidad pública como es el caso de Playa de Vías de la Plaza Easo y Cuarteles de Loiola, sea el máximo que permita la viabilidad económica, en pro del objetivo de que el 20% de la vivienda de la ciudad tenga la calificación de vivienda protegida.

- A fin de controlar las viviendas de uso turístico ilegal o clandestino se el Pleno del Ayuntamiento insta al gobierno municipal a que acuerde que se realicen, por parte de los servicios técnicos municipales, campañas periódicas de verificación, entre otras, de los anuncios de comercialización de las citadas viviendas a través de las diferentes plataformas existentes.

- Se insta la gobierno municipal a que, en aplicación del principio de colaboración que debe regir entre Administraciones Públicas, acuerde dar traslado al Departamento de Hacienda Foral de Gipuzkoa de la existencia de las actividades de alquiler turístico clandestino tan pronto tenga noticia de ello a los efectos oportunos.

Por otro lado, hemos sacado adelante dos puntos con el apoyo de la mayoría:

-Se insta la gobierno municipal a que estudie la posibilidad de incrementar el porcentaje de viviendas a precio limitado a través de figuras como la de las “Cooperativas de Viviendas”.

- Se insta al gobierno municipal a que implemente, a modo de prueba piloto, la cesión del derecho de superficie de suelo de, al menos, una parcela municipal para la construcción de viviendas colaborativas para personas mayores (tipo cohousing o similar) con la condición de que, las personas que formen parte de dicho proyecto, pongan sus viviendas, si las tuviesen, a disposición del programa municipal Alokabide para su arrendamiento.

Abandonar las políticas que solo contemplan la construcción

La fotografía que nos muestra Donostia en materia de vivienda nos preocupa. Según informes municipales, la carga media de la hipoteca o de alquiler en el presupuesto de las unidades convivenciales representa, al menos, un 31,6% de los ingresos de esas unidades convivenciales. Nuestro grupo lo tiene claro, y así lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones, que debemos tratar de implementar todas las medidas a nuestro alcance. Es urgente hacerlo y no podemos ni debemos restarle gravedad, porque lo es.

En la defensa de la resolución, tal y como ha expresado el exalcalde y portavoz Juan Karlos Izagirre, ha quedado demostrado que las medidas implementadas hasta la fecha han sido insuficientes: encarecimiento constante de la vivienda residencial, la expulsión de población donostiarra, la imposibilidad de lograr financiación por el nivel de ingresos o el retraso en la tasa de emancipación, la más tardía de Europa, por cierto.

Según los datos de Etxebide, en el año 2023, el número de solicitudes de vivienda protegida en Donostia era de 13.492, de las cuales 8.885, el 65,8% son personas empadronadas en la misma ciudad. Sin embargo, esas cifras no representan el número real de personas demandantes de vivienda ya que, la cifra viene referida únicamente al número de solicitudes y no de personas; es decir, el número de personas que requieren una vivienda resulta indiscutiblemente muy superior.

En palabras de Izagirre, y a la vista de los datos, «es evidente que únicamente desde la construcción de vivienda nueva y máxime en la proporción de los mínimos legales que en la mayoría de los casos se viene aprobando, no se puede dar solución al acuciante problema de crisis habitacional». Desde el 2010 el número de viviendas construidas se ha incrementado en 7.440 viviendas, es decir un 8,5%. Tampoco en el mercado de alquiler nos encontramos una situación mejor. Así, el promedio de rentas se ha incrementado en un 6,5% sobre los precios de renta media del 2022.

Desde EH Bildu creemos que debemos construir vivienda protegida sobre la base de los criterios urbanísticos actuales, es decir, evitando la colonización y/o transformación de nuevos suelos. Sin embargo, en nuestra ciudad no resulta admisible limitarse a aprobar un 40% de reserva para vivienda protegida en las modificaciones de planeamiento estructural. Y no lo es porque debemos atender a la grave situación de emergencia habitacional que padece la ciudad y, obviamente, dichos porcentajes no corrigen el irrefutable desequilibrio existente entre vivienda libre y vivienda protegida.

Dicha afirmación debe formularse todavía con mayor rotundidad cuando se trata de suelos de titularidad pública y ello debe aplicarse con independencia de la Administración que resulte titular de los mismos, ya sea el caso de los de los Cuarteles de Loiola, los de la playa de vías de Easo o las parcelas de las antiguas viviendas municipales de la calle Amara.

En la exposición de la resolución, Juan Karlos Izagirre ha defendido que «debemos superar aquellas fórmulas que quieren reducir la política en materia de vivienda únicamente a la construcción de más viviendas, también desde la rehabilitación, de la movilización de viviendas vacías y deshabitadas, de una adecuada planificación y ordenación del territorio, de un control de los precios de las viviendas de alquiler, de la calificación, de construcción de levantes, de rehabilitaciones integrales con incremento de la edificabilidad ponderada… hay muchas fórmulas. Pedimos voluntad política».

La legislación exige que se garantice la viabilidad económica de las operaciones urbanísticas, analizando para ello tanto los costes de la operación y las cargas urbanísticas (suelo, derribos y indemnizaciones, costes de construcción, de urbanización), como los ingresos, para lo que se establece una previsión de precios de venta. Desde EH Bildu exigimos que el precio estimado de venta y el precio de comercialización coincidan razonablemente porque es una cuestión que incide, entre otros aspectos, a la hora de determinar qué porcentaje de vivienda protegida resultaría viable para que la operación cumpla con ese requisito legal de viabilidad económica.