AKTUALITATEA


| 2024-09-11 11:37:00

La dificultad para el acceso a una vivienda es uno de los principales problemas de las y los donostiarras. Los datos, además, corroboran que la situación no mejora, más bien lo contrario: el mercado está tensionado y en cifras récord, con el precio del metro cuadrado por encima de los 6.000 euros. No podemos dar la espalda a esta realidad ni restarle gravedad, porque lo es.

Desde que arrancó esta nueva legislatura, en mayo de 2023, EH Bildu ha llevado al Pleno varias iniciativas para conminar al Gobierno Municipal a que declare la ciudad como zona tensionada, logrando, por cierto, los apoyos necesarios para ello. Pero la declaración de zona tensionada sigue sin materializarse. Debemos subrayar y recordar que desde las competencias municipales sí se pueden tomar y aplicar medidas para reconducir el despropósito del precio de la vivienda en la ciudad, donde es inaccesible para la mayoría.

En una comparecencia ofrecida esta mañana de miércoles, el portavoz municipal de EH Bildu, Juan Karlos Izagirre; y el concejal Ricardo Burutaran, han valorado la situación del mercado de la vivienda, la dilación en el proceso para declarar a Donostia zona tensionada y han desgranado, además, las 18 propuestas estratégicas que la formación soberanista ha registrado para proponer añadir al plan municipal de vivienda.

Tal y como ha recordado Izagirre, para que Donostia sea declarada ciudad tensionada, hay que presentar primero una solicitud formal en el Gobierno Vasco acompañada de una memoria justificativa y cumplir al menos uno de los dos requisitos (que se destine más del 30% de los ingresos de la unidad de convivencia a la hipoteca, al alquiler más los suministros básicos y que el precio de compra o alquiler haya subido en los cinco años anteriores un porcentaje tres puntos superior al crecimiento del IPC), elaborar un diagnóstico de la situación de la vivienda y diseñar un plan para tres años.

Después de mucho esperar y marear la perdiz dilatando los tiempos a mediados de julio, más de un año después de la primera moción, el Gobierno PNV-PSE nos presenta los resultados de los pasos dados: nada nuevo bajo el sol. Los datos que nos aportan ya los conocíamos y el plan que ponen sobre la mesa recoge el Acuerdo de Gobierno entre ambas formaciones. «En esa reunión, desde EH Bildu les transmitimos nuestra primera valoración: es un plan poco ambicioso que se limita a lo ya recogido en el acuerdo de gobierno. Y les avanzamos, además, que nuestra intención, por compromiso y responsabilidad, es presentar propuestas que lo mejoren», ha declarado Izagirre.

Curiosamente, se nos dice que tenemos hasta el 15 de agosto para presentar las propuestas.

Desde EH Bildu hemos entregado en el plazo y formas estipuladas 18 medidas que creemos estratégicas porque crearían nuevas oportunidades para generar vivienda pública protegida sin necesidad de construir, entre otras. Pero hemos ido más allá, al solicitar un consejo extraordinario en agosto de Etxegintza para poder debatir sosegadamente nuestras propuestas u otras que el resto de formaciones o agentes sociales hayan presentado también. Sabemos que existe la mayoría suficiente que comparte estas propuestas. Lamentablemente, el silencio ha sido la respuesta y ese consejo no ha tenido lugar. No ha habido debate, ni análisis, ni reflexiones compartidas.

Consideramos urgente presentar esta documentación; instamos al Gobierno PNV-PSE a que lo haga ya y lo haga, además, recogiendo las propuestas de EH Bildu. Se trata de sumar a lo ya propuesto por el Gobierno municipal y ser más ambiciosas. Defender mayor porcentaje de vivienda protegida en nuevos desarrollos, cambiar la calificación para que haya más vivienda protegida en lo ya construido, activar medidas para dirigir al mercado la vivienda vacía y determinar el número de viviendas de protección pública en régimen de alquiler previstas.

Medidas que logren revertir la foto

Con las propuesta del Plan de vivienda no se revierte el déficit de Vivienda Pública Protegida, y no se logra porque se va a los mínimos legales, porque se apuesta de que un 60% de la vivienda nueva sea libre y el 40% restante protegida. «No corregimos la tendencia», ha advertido Burutaran.

Es más, algunas medidas favorecerían que en ciertos barrios se generen posibilidades de que exista vivienda pública. Se trata de barrios con cero opciones para ello vía nueva construcción. Es el caso de Gros, Egia, Centro o Parte Vieja. No existe otra posibilidad que aplicar nuevas fórmulas.

Según ha detallado Burutaran, «las ideas que aportamos van en consonancia con algunas de las lineas del avance de la modificación del PGOU, del que, por cierto, no sabemos nada. No sabemos si lo han ocultado o paralizado. Apostamos por un modelo mixto de usos, evitando barrios dormitorio, evitando barrios donde única y exclusivamente haya VPP y otros donde solo haya vivienda libre. Apostamos también por un consumo más racional del suelo y una activación de la vivienda deshabitada».

Por último, ha propuesto un foro municipal compartido para el análisis y el debate. «Creemos que debemos revisar de forma anual las medidas adoptadas para ajustarlas, corregirlas o adaptarlas en base a los resultados obtenidos. Y para eso es necesario un sistema de control. Las medidas se deciden por la mínima y a puerta cerrada, cuando debería ser un proceso abierto para que sea lo más mayoritario posible. Se hace en Junta de Gobierno, cuando en el Pleno existe una mayoría favorable a estas medidas, tal y como se ha constatado en diferentes ocasiones».

Los ejes sobre los que versan las medidas propuestas por EH Bildu al Plan de Vivienda Municipal son: incrementar el porcentaje de vivienda pública, utilizar la calificación para aumentar el porcentaje de Vivienda Pública Protegida y movilizar la vivienda vacía o deshabitada.

Las 18 medidas de EH Bildu, detalladas:

• 1.- Fomentar el alquiler asequible. Proponemos ajustar las edificabilidades previstas en el planeamiento vigente a un modelo que mayoritariamente apueste por la mixticidad de usos.

• 2.- Promover la vivienda de protección pública en alquiler incrementando el porcentaje reservado a vivienda de protección pública, por encima de los mínimos legales, a efectos de corregir el desequilibrio y déficit de vivienda protegida actualmente existente.

• 3.- Calificar como vivienda protegida un 30% del techo de la nueva edificabilidad de las parcelas en que se pueda edificar más de 600 m2 de techo, en el caso de grandes actuaciones residenciales de nueva construcción o de gran rehabilitación, de edificaciones residenciales no divididas en régimen de propiedad horizontal o, en aquellos casos, en que se de un aumento de la edificabilidad ponderada.

• 4.- Implementar medidas de intensificación social en barrios de baja densidad residencial que cuenten con una buena accesibilidad al transporte público  calificando al menos el 50% del nuevo techo residencial, surgida como consecuencia de dicha operación de intensificación social, a la construcción de vivienda protección pública primordialmente en régimen de alquiler.

• 5.- Comprar vivienda protegida para destinarla a alquiler protegido. El objetivo es incrementar el número de vivienda protegida en régimen de alquiler. A través de este mecanismo se aumentaría el número de viviendas protegidas en alquiler, al tiempo que todas ellas tendrían calificación permanente.

• 6.- Aplicar el ejercicio efectivo del derecho de tanteo y retracto de las viviendas protegidas. (Evitando la especulacción en la enajenación de viviendas protegidas).

• 7.- Comprar suelo en áreas degradadas para posibilitar nuevas operaciones de rehabilitación y construcción de viviendas de protección pública, sin colonizar, ni artificializar nuevas zonas.

• 8.- Crear nuevas actuaciones y programas de movilización de vivienda vacía o intermediación en el mercado de alquiler. Se propone la creación de una nueva. Además, planteamos la restructuración y refuerzo del programa Alokabide municipal a efectos de reducir el tiempo de respuesta de las viviendas inscritas en dicho programa.

• 9.- Estudiar la implementación del Canon de la Vivienda Deshabitada en los términos previstos legalmente.

• 10.- Estudiar el modo de aplicación del alquiler forzoso, como recoge la ley 3/2015, de aquellas viviendas inscritas en el Registro de Viviendas Deshabitadas que, transcurrido un año desde su inscripción en el mismo, se mantengan desocupadas.

• 11.- Crear la oficina de asesoramiento al inquilino y propietario. Se trata de crear una oficina de asesoramiento que contribuya a proporcionar información sobre derechos y obligaciones de personas inquilinas y propietarias.

• 12.- Favorecer la mejora de la accesibilidad de los edificios y viviendas focalizando las actuaciones en los barrios y colectivos más vulnerables e implementar una nueva línea de ayudas municipales para la rehabilitación o adecuación de viviendas libres que se destinen al alquiler a través del programa municipal de Alokabide.

• 13.- Modificar la normativa de división o segregación de viviendas preexistentes, regulando las condiciones de las mismas, proporcionando información y  condicionando las mismas a que la mitad de las viviendas resultantes se destinen a vivienda protegida. Se trata de incrementar el número de viviendas protegidas, en este caso, a través de la autorización de segregaciones y divisiones de viviendas grandes.

• 14.- Impulsar la modificación de la Ordenanza de conversión de locales en viviendas, flexibilizando algunos de los requisitos de la misma, y calificando los bajos como vivienda protegida. Se trata de incrementar el número de viviendas protegidas sin artificializar o colonizar nuevas zonas.

• 15.- Evaluación anual del Plan de Vivienda por el Pleno del Ayuntamiento.

• 16.- Requerimos que se determine de entre las 1.067 viviendas protegidas que se mencionan en el documento del diagnóstico y el Plan de Vivienda como previsión a edificar en el período 2025-2027 la siguiente cuestión.: ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?

• 17.- Requerimos idéntica concreción del número de viviendas previstas en régimen de alquiler en los ámbitos de previsión de construcción de viviendas a medio largo plazo (2033).

• 18.- Incrementar el porcentaje de vivienda protegida para los Cuarteles de Loiola. Resulta increíble que en un ámbito 100% público, la previsión de construcción de vivienda protegida del Plan de Vivienda de Donostia prevea el porcentaje mínimo, es decir, un 40%.