AKTUALITATEA

| 2020-01-16 18:55:00

Y es que EH Bildu había alertado, desde el primer momento en que el Gobierno de Eneko Goia anunció que iba a promover esta nueva normativa, que una ordenanza no puede entrar a regular usos urbanísticos porque esta es competencia del Plan General de Ordenación Urbana. Fueron innumerables las veces que advertimos del tremendo error al Gobierno de PNV y PSE, pero la respuesta siempre ha sido una huida hacia adelante.

Esta misma respuesta fue la que ofreció el alcalde este mismo diciembre, cuando sendas sentencias de un tribunal de Donostia definían como “nula de pleno derecho” la ordenanza porque, precisamente, iban en contra del Plan General. Entonces Goia dijo que “estaba muy tranquilo”, intentando aparentar que la ordenanza no estaba al borde del naufragio. Luego nos enteramos por la prensa de que estaba maniobrando para iniciar un cambio del Plan General para intentar cerrar esta vía de agua.

EH Bildu, el 1 de marzo de 2018, votó en contra de la Ordenanza de pisos turísticos, entre otros motivos, por el mismo argumento que ha utilizado ahora el TSJPV. Ya dijimos en su día que no estábamos en contra de elaborar una nueva ordenanza, pero que ésta se debía limitar a regular las condiciones de uso de las viviendas de uso turístico, en tanto en cuanto es una actividad económica, como son la medidas de seguridad, la accesibilidad, la insonorización, etc. Huelga decir que PNV-PSE declinaron esta posibilidad y que comenzaron entonces un camino que solo podía concluir en una sentencia de este tipo. Era cuestión de tiempo.

La pregunta entonces es ¿por qué el Gobierno de Eneko Goia ha seguido adelante con la ordenanza? EH Bildu ya dijo en 2018 que la principal motivación de este Gobierno era legalizar (“amnistiar” decíamos entonces) los cientos de pisos turísticos ilegales que había entonces en la ciudad. Como se recordará, la actividad de los pisos turísticos era regulada directamente por el Plan General y, entre otras normas, por la “norma de la primera planta”. La nueva ordenanza vino a flexibilizar implantación de pisos turísticos en Donostia, por lo que, de la noche a la mañana, cientos de pisos que antes eran ilegales pasaron a ser legales.

En la ciudad vasca con el precio de la vivienda más cara, dar tantas facilidades a la proliferación de las viviendas turísticas en perjuicio de su uso residencial era un auténtico suicidio político para Donostia. Los sucesivos aumentos de los precios del alquiler durante estos meses son fiel testigo de ello. Ahora, los continuos reveses judiciales contra esta ordenanza suponen un jaque mate a un entramado jurídico que solo beneficia a unos pocos. Ya es hora de que se comience a poner a la ciudadanía donostiarra en el centro de las políticas de vivienda y de turismo. Porque son ya demasiadas las evidencias que muestran que las políticas del Gobierno de Eneko Goia son nefastas para los intereses de la ciudadanía donostiarra.