AKTUALITATEA

| 2026-06-12 11:13:00

EH Bildu ha presentado una propuesta para la elaboración de una Ordenanza Municipal reguladora del procedimiento de determinación, comprobación y gestión de la participación del Ayuntamiento en las plusvalías urbanísticas generadas por la acción urbanística, en el marco de lo previsto en la legislación urbanística vigente y en el ejercicio de las competencias municipales de gestión, comprobación y disciplina urbanística.

La iniciativa parte de una premisa clara: la normativa urbanística de aplicación establece la obligación de las personas propietarias de suelo urbano no consolidado y de suelo urbanizable de participar en las cargas y beneficios derivados de la ordenación urbanística, mediante la cesión al Ayuntamiento de una parte del aprovechamiento urbanístico generado por las actuaciones de transformación urbanística. Esta participación pública se concreta en la cesión del 15 % de la edificabilidad urbanística ponderada atribuida por el planeamiento, libre de cargas de urbanización.

Asimismo, la legislación prevé que, cuando dicha cesión no pueda materializarse en suelo, pueda sustituirse por su equivalente económico mediante la correspondiente valoración del aprovechamiento urbanístico, en los términos establecidos por la normativa aplicable. Esta obligación resulta igualmente exigible en los supuestos en los que se incrementa la edificabilidad urbanística ponderada.

La propuesta de EH Bildu no pretende modificar ni los porcentajes de participación pública ni los criterios sustantivos establecidos por la legislación urbanística vigente, ni alterar el régimen jurídico de los derechos y deberes urbanísticos. Su objetivo es desarrollar, en el ámbito estrictamente procedimental y de gestión municipal, un marco ordenado, homogéneo y transparente para la determinación del valor económico de los aprovechamientos urbanísticos que corresponden al Ayuntamiento.

En este sentido, la futura ordenanza regularía la documentación que deberá ser aportada por las personas promotoras o propietarias a los efectos de la correcta determinación del valor de los aprovechamientos urbanísticos, así como el ejercicio de las facultades municipales de comprobación, verificación e inspección que corresponden al Ayuntamiento en el marco de sus competencias de gestión urbanística, con el fin de contrastar la información aportada y garantizar la correcta aplicación de la normativa urbanística.

La experiencia acumulada en la gestión urbanística demuestra que la valoración económica de estas cesiones se efectúa en ocasiones en fases tempranas de tramitación de las actuaciones, cuando aún existen incertidumbres relevantes sobre parámetros urbanísticos, técnicos o económicos que inciden en el valor final del aprovechamiento. Esta circunstancia puede dar lugar a diferencias entre las valoraciones iniciales y el valor definitivo.

Por ello, EH Bildu plantea que la futura ordenanza contemple un sistema de valoración provisional y posterior comprobación y liquidación definitiva, plenamente compatible con la legislación vigente y con los principios de seguridad jurídica y eficacia administrativa. Este sistema se alinea con mecanismos ya consolidados en el ámbito tributario municipal, como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), en el que se practica una liquidación provisional basada en el presupuesto declarado y, una vez finalizada la obra, se realiza la liquidación definitiva tras la comprobación de los datos reales.

Aplicado al ámbito urbanístico, este modelo permitiría una determinación inicial del valor del aprovechamiento municipal, sin perjuicio de su posterior comprobación por parte del Ayuntamiento y de la práctica de la liquidación definitiva cuando proceda, de conformidad con la normativa urbanística y de valoración aplicable. Todo ello en el ejercicio de las potestades municipales de gestión, inspección y control.

¿Cuál es el objetivo?

Con esta propuesta, EH Bildu pretende reforzar la seguridad jurídica, la transparencia y la correcta aplicación del régimen legal de participación pública en las plusvalías urbanísticas, garantizando al mismo tiempo la adecuada defensa de los intereses municipales y el estricto cumplimiento de la legislación del suelo.

Asimismo, la coalición considera que los recursos económicos obtenidos mediante esta participación pública deben destinarse prioritariamente, en el marco de las competencias municipales y de la planificación de gasto público, a políticas de promoción de vivienda de protección pública y vivienda asequible, así como al fortalecimiento del Patrimonio Municipal de Suelo.

En un contexto de grave emergencia habitacional y de mercado residencial tensionado en Donostia, EH Bildu defiende que la correcta aplicación de los mecanismos previstos en la legislación urbanística debe contribuir a incrementar la capacidad pública de intervención en materia de vivienda, garantizando el acceso a una vivienda digna.

Porque la participación pública en las plusvalías urbanísticas no constituye una opción discrecional, sino un principio estructural del sistema urbanístico: cuando una actuación urbanística genera un incremento de valor derivado de la ordenación pública, dicho valor debe revertir parcialmente en la comunidad, en los términos establecidos por la legislación vigente.