AKTUALITATEA

| 2022-07-12 12:35:00

La antigua Clínica del Pilar, en Intxaurrondo, ha dado paso a 44 viviendas. De ellas, 14 son viviendas tasadas y su gestión es competencia de Donostiako Etxegintza. Pues bien, en la Junta de Gobierno Local del pasado 14 de junio se han establecido los precios para estas viviendas tasadas, y los precios son verdaderamente desorbitados, llegando a los 398.544 euros.

A pesar de computar a efectos legales como «vivienda de protección pública», este tipo de viviendas tasadas resultan inaccesibles para la inmensa mayoría de la población que necesita una vivienda para poder realizar su proyecto de vida en Donostia.

Por ello, desde EH Bildu emplazamos al Gobierno municipal a que en las nuevas promociones de viviendas que están en tramitación minimice el número de viviendas tasadas y maximice el de viviendas de protección social (antes VPO).

EH Bildu viene defendiendo la necesidad de garantizar que en todos los proyectos urbanísticos de iniciativa privada que se aprueben en Donostia se reserve un mínimo de un 50% para vivienda de protección. De hecho, fueron sendas enmiendas de EH Bildu las que consiguieron incrementar hasta ese porcentaje las viviendas de protección previstas tanto en Illarra como en el Infierno.

Pero con esta medida no es suficiente: además de garantizar el máximo número de viviendas de protección, la inmensa mayoría de estas viviendas deben ser sociales (antes VPO), relegando el número de tasadas a los mínimos posibles e incluso haciéndolas desaparecer de algunas promociones.

Como es sabido, toda nueva promoción de viviendas, por ley, deberá calificar con destino a viviendas sometidas a algún régimen de protección pública como mínimo el 40% de las viviendas previstas. Este porcentaje se desglosa en un mínimo del 20% de viviendas de protección social, y el restante porcentaje hasta alcanzar el 40% a viviendas tasadas. Se trata de mínimos, ya que el Gobierno municipal puede elevar esos porcentajes según su propio criterio, por ejemplo, si se da una situación de fuerte especulación que pone en jaque el derecho a la vivienda, como es el caso de Donostia.

Y es que Donostia es la ciudad vasca con más problemas relacionados con el derecho a la vivienda. La consecuencia de todo ello es, desgraciadamente, muy conocida: muchos y muchas donostiarras, sobre todo jóvenes, están siendo obligados a abandonar sus barrios para irse a vivir a los pueblos de alrededor. Por ejemplo, Gros ha perdido 1.300 habitantes en la última década, el 8% de su población. Detrás de ello, entre otras causas, está la multiplicación de los pisos turísticos y los hoteles, la irrupción de los fondos buitre y la falta de viviendas de protección (en Gros no hay ninguna, por ejemplo). En una palabra: Donostia es víctima de la especulación inmobiliaria.

Pero a pesar de que la dimensión del problema, que muchos agentes califican ya como de auténtica «emergencia habitacional», el Gobierno de Eneko Goia no ha implementado ninguna política de vivienda eficaz para hacer frente a los graves problemas que plantea el precio de la vivienda en nuestra ciudad.

Hacer frente al problema de la vivienda exige implementar en nuestra ciudad una estrategia integral, con varias líneas de actuación a varios niveles institucionales: sacar al mercado la vivienda vacía, acotar los pisos turísticos, limitar del precio del alquiler… Y otra de las líneas de actuación debe ser la ampliación del parque municipal de viviendas de protección pública, sobre todo en régimen de protección social de alquiler, que son las más demandadas.

Pero hay que decir claramente que, en lo que respecta a las viviendas de protección pública, el objetivo del alcalde Goia es cumplir los mínimos establecidos. Es evidente que no está a la altura de las circunstancias y del problemón que tenemos en Donostia con la vivienda. En el pleno extraordinario sobre vivienda, que hemos forzado EH Bildu y Podemos para el próximo lunes, el alcalde tendrá una nueva oportunidad para cambiar sus políticas.