AKTUALITATEA


| 2025-10-28 11:10:00

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) destaca en su informe de fiscalización correspondiente a 2022, en relación con los procesos de selección de personal de las entidades del sector público foral, que nueve entidades públicas (Garbiker, Gaikuntza, Azpiegiturak, Crowdfunding, Seed Capital, Beaz, Bizkaikoa, LAE, Biscaytik) realizaron procesos selectivos en los que se vulneró el principio de transparencia.

 

A petición de EH Bildu, hoy ha comparecido en Juntas Generales el responsable del informe elaborado por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en referencia a los presupuestos generales de 2022, que la formación soberanista ha querido aprovechar para incidir en las irregularidades, tanto en los procesos de selección de personal, como en las adjudicaciones de servicios públicos por parte de las entidades del sector público foral que el informe subraya.

 

La juntera Arantza Sarasola ha denunciado que esta es una práctica generalizada, sobre la que el propio Ararteko también ha dictaminado, y ha añadido que es un hecho «muy grave, ya que siendo estas empresas forales públicas y dotadas de dinero público, todas las personas deberían tener las mismas oportunidades para trabajar en ellas. Dejando estos procesos selectivos en manos de empresas privadas, como Campo&Ochandiano, el problema no es sólo que no se garantice la transparencia, sino que no se garantiza tampoco la igualdad y se posibilita el enchufismo. Más aún, se cuestiona la imparcialidad y la libertad profesional de quienes trabajan en las instituciones públicas a la hora de garantizar que el papel de estas instituciones se produzca en el marco establecido por la ley».

 

A este respecto, Sarasola ha recordado que en abril de 2024 EH Bildu presentó una moción para que los procesos de selección de personal en estas instituciones públicas forales se llevaran a cabo de la misma manera que en la Diputación, es decir, con tribunales formados por personal de la propisa institución foral, y en el marco de unas bases reguladoras que garantizaran la igualdad de estos procesos. Esta moción no prosperó como consecuencia del voto en contra de los partidos que integran el equipo de Gobierno. «Entendemos que este informe de fiscalización del Tribunal correspondiente a 2022 vuelve a poner el tema sobre la mesa con toda su crueldad y consideramos que hay abordar con urgencia el problema».

 

Por otro lado, y en el apartado de contrataciones (adjudicaciones de servicios públicos) el informe de fiscalización hace referencia a cinco actuaciones ilegales: las de la propia Diputación, Aparkabisa, Azpiegiturak, Euskalduna Jauregia y Fundación Azkue. En los cinco casos el informe del tribunal denuncia la prórroga ilegal de cinco contratos de servicios que estaban vencidos. «Consideramos muy grave que en las alegaciones realizadas por las instituciones afectadas prevalecen dos posiciones; o bien se acepta el incumplimiento legal cometido, sin mencionar siquiera ué medidas correctoras van a adoptar; o bien se justifica la ilegalidad». Lo peor, sin embargo, no es, a juicio de EH Bildu, la inconsistencia o no de las alegaciones que estas instituciones hacen al informe de fiscalización, sino «la falta de diligencia que se demuestra, año tras año, en la corrección de estas prácticas, ya que en los informes anuales de fiscalización del Tribunal, la denuncia de estas prácticas aparece de forma permanente».