AKTUALITATEA

| 2025-09-24 21:09:00

En las últimas semanas se han producido en distintos puntos de Euskal Herria una serie de hechos y declaraciones contra instituciones y representantes públicos que han traspasado los límites aceptables de la libertad de expresión y el respeto al espacio público. Este Ayuntamiento no comparte estas formas de actuar y considera que deben ser rechazadas de forma adecuada, evitando la indiferencia y el exceso de actuación interesada.

En este sentido, este Ayuntamiento rechaza la instrumentalización política de estos hechos para criminalizar a toda la crítica social y política, así como la legítima protesta. Se trata de imponer una lógica en la que toda expresión de malestar o duda hacia las fuerzas policiales o hacia quienes las dirigen se interpreta automáticamente como un ataque intolerable, lo que es contrario a los principios democráticos.

Criticar la actuación de los cuerpos policiales, cuestionar su modelo de funcionamiento o denunciar los hechos de abuso no es un ataque a la convivencia. Lo que atenta contra la convivencia es el cierre de todo espacio para el disenso, el blindaje de las instituciones ante la crítica y la banalización del valor del rechazo institucional.

Mientras estos hechos se dimensionan desmesuradamente, se acallan debates de fondo que afectan a la calidad de vida de la ciudadanía: el deterioro de Osakidetza, la emergencia en el ámbito de la vivienda, la crisis de los cuidados o la creciente preocupación social por las intervenciones policiales consideradas desproporcionadas.

El director de la Academia de Arkaute, junto a su equipo, acaba de dimitir tras chocar con  resistencias internas. Esto demuestra que el sistema necesita una revisión estructural.

Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Barakaldo, acuerda:

1. Rechazar toda actuación que supere los límites del ejercicio legítimo de respeto a las Instituciones o de la libertad de expresión.
2. Rechazar el intento de utilizar hechos puntuales de esta naturaleza para criminalizar la legítima crítica política y social y la protesta ciudadana.
3. Reconocer que el derecho a la crítica, incluso a las fuerzas policiales, forma parte del núcleo de cualquier democracia saludable, que no puede ser mermada ni deslegitimada.
4. Instar al Gobierno Vasco a una profunda revisión del modelo policial e iniciar un proceso de país que garantice la transparencia, el control democrático, la proporcionalidad y el servicio público.
5. Hacer un llamamiento a todas las fuerzas políticas a centrar el debate institucional en los problemas estructurales que afectan a la ciudadanía, como son la salud pública, la vivienda, los cuidados, los derechos laborales y el modelo policial.