AKTUALITATEA

| 2020-04-24 09:36:00

El triaje o protocolo de intervención médica es el método médico para clasificar a los pacientes en situaciones de emergencia, en función de sus posibilidades de recuperación, teniendo en cuenta los recursos disponibles en un momento determinado. Según sus criterios, se decide qué paciente recibirá qué tratamiento y cómo. Y quién no. Son habituales e imprescindibles en el ámbito sanitario y se elaboran por profesionales de la salud con criterios científicos y éticos.

Su símil en política sería el “protocolo político”, es decir, la planificación o método que recoge los recursos que hay que utilizar por el bien de la ciudadanía: qué prioridades marcar, cuáles son las necesidades básicas, qué medidas sociales aplicar, como acordarlas y evaluarlas…

La dramática situación que hemos vivido en la residencia San José de Ordizia exige que se den explicaciones sobre el protocolo médico seguido y las decisiones políticas tomadas, ya que no sólo han fallado los protocolos sanitarios, sino que se han tomado decisiones políticas erróneas y tremendamente irresponsables.

El protocolo médico de San José debería especificar, en primer lugar como evitar la entrada del virus COVID en la residencia, y tras los casos de contagio cómo atender a los pacientes. En este sentido, la dramática situación que hemos vivido en la residencia de Ordizia nos ha dejado muchos interrogantes y la ciudadanía tiene derecho a recibir respuestas.

1. ¿Qué protocolos han seguido el Gobierno Vasco (Departamento de Sanidad) y la Diputación (responsable de la residencia) en primer lugar a nivel preventivo y, posteriormente, cuando se diagnosticó el primer positivo en San José? ¿Se ha cumplido lo especificado en los protocolos?

2. Siendo los residentes de San José personas con factores de riesgo para padecer enfermedades graves y crónicas, ¿era/es la residencia San José el lugar adecuado para atender a los enfermos de COVID?

3. ¿Por qué no se han garantizado los recursos médicos y personales suficientes, los materiales de protección adecuados y la necesaria formación a todo el personal? ¿O no se han cumplido los “standards” previstos por las instituciones para esta atención sanitaria?

4. Siendo las instalaciones, los recursos personales y sanitarios, y los materiales de protección insuficientes, ¿por qué las instituciones responsables no han garantizado los necesarios? Si no estaban disponibles en Ordizia, ¿por qué no se derivaron los pacientes desde el principio a otro centro, como ahora se ha hecho a la Cruz Roja u otro hospital?

5. A la vista de los ratios de positivos que se estaban dando, estaba claro que en lo que respecta a la atención sanitaria, el funcionamiento debería ser similar al de un hospital y que, a la vista del perfil de dependencia de los residentes, la carga de cuidados era también elevada. Sin ofrecer recursos personales y materiales para afrontar el reto de este nivel, ¿quién pensó que la situación podía ser asumida bajo control? ¿Quién es el responsable?

Estas preguntas, sin embargo, no nos deben llevar a centrarnos únicamente en la cuestión sanitaria, ya que además de los protocolos médicos tenemos que valorar las decisiones políticas que se están tomando. Las personas de Ordizia tenemos derecho a recibir respuestas y el Gobierno Vasco, como último responsable de los servicios sanitarios, y la Diputación, como responsable de la sede San José, tienen la oblicación de dar explicaciones. Por lo tanto, no se puede ocultar la responsabilidad del PNV en esta crisis mal gestionada: bajo la responsabilidad del PNV se ha aplicado mal el protocolo, se ha aplicado un protocolo erróneo o, lo que es más grave, se está aplicando el protocolo político del PNV.

Y es que si en esta emergencia el PNV anda totalmente perdido, no sólo es por ser incapaz de realizar una buena gestión, sino que prioriza la aplicación del protocolo político diseñado en Sabin Etxea, que prioriza los intereses del capital y del partido sobre el bien común y la vida:

• en lo que respecta a la crisis socio-sanitaria, se encuentra impotente, sin poder proporcionar recursos suficientes a los profesionales, sin hacer tests suficientes a los ciudadanos, obviando la labor de los investigadores de la UPV/EHU y la capacidad de hacer tests y priorizando una empresa privada, incapaz de satisfacer la necesidad de mascarillas, dando por bueno el drama de las residencias de ancianos;

• en lo que respecta al ámbito económico y laboral, son simples gestores de las grandes empresas y Confebask y defiende sus intereses, sin apoyar suficientemente a las pequeñas empresas y autónomos;

• en lo referente a la actividad política, aplica al Parlamento el 155 y niega a la oposición, en particular a EH Bildu, el derecho de control, y desprecia todas las aportaciones e iniciativas propositivas;

• en cuanto a la ciudadanía y los agentes sociales y sindicales, les impide ser sujetos activos en esta grave situación que exige el compromiso de todos y todas…

Preparémonos toda la ciudadanía para salir de esta situación y poner en marcha nuestro propio protocolo: el protocolo de la vida y de la dignidad.