1. ¿Cuál es la postura del sindicato LAB ante el retorno de la actividad industrial?
Desde hace unos meses estamos ante la dicotomía "salud y mayoría social" versus "salvamento del capital". Es evidente que las élites han priorizado el capital.
La interrupción de la actividad industrial fue una medida que llegó demasiado tarde y que ha durado muy poco. Y es que a pesar de que el Gobierno de Madrid ha prolongado la situación de alarma, a pesar de que el coronavirus sigue generando un número insostenible de muertes y de que la Organización Mundial de la Salud ha advertido que las decisiones tempranas pueden suponer un aumento de las muertes, los gobiernos han tenido prisa para iniciar una actividad industrial no básica. De este modo, los Gobiernos han acatado las presiones de la patronal CEOE y de la pareja formada por EAJ-PNV Confebask y han decidido volver al trabajo sin hacer caso a comisiones de expertos.
A pesar de que el propio Gobierno Vasco ha elaborado un plan de puesta en marcha de la actividad, LAB ha rechazado totalmente este plan porque no garantiza medidas para proteger la salud de los trabajadores y las familias. El Plan no recoge ninguna de las aportaciones que LAB considera fundamentales.
En nuestra propuesta hemos planteado tres medidas principales:
1- Necesitamos un plan de medidas preventivas consensuado con la representación sindical. Este plan debería definir medidas como EPIs, mantenimiento de distancias en entradas y salidas de trabajo y puestos de trabajo, plan de desinfección de zonas comunes, medidas de limpieza, etc.
Si no hubiera acuerdo sobre el plan, la actuación no podría ponerse en marcha y las discrepancias deberían ser resueltas por OSALAN o el Instituto de Salud Laboral de Navarra y la Inspección de Trabajo, siempre con el fin de asegurar que no haya peligro y que las responsabilidades se fijen correctamente. Además, solicitamos que se sancionen a las empresas que inician la actividad sin contar con dicho plan de prevención.
2- Priorizar que el personal de las actividades básicas trabaje con medidas de seguridad y prevención.
3-Realización de test rápidos de detección de coronavirus. Hay que hacer tests al personal que realiza las actividades básicas, al que vuelve al trabajo después de haber estado confinado y al resto de la sociedad de forma progresiva.
Además, solicitamos ayudas suficientes para autónomos. El Gobierno ha aprobado destinar 3 millones de euros a 180.000 trabajadores autónomos de la CAPV, 16 euros por trabajador autónomo, pero mientras tanto, la consejera Tapia ha considerado prioritario el TAV, que supone un coste de 30 millones de euros por km. ¡Es evidente lo que priorizan!
Está claro que dejando en un segundo plano la salud y el cuidado de los ciudadanos, las autoridades están tomando decisiones en beneficio de los intereses de las élites económicas y de las grandes empresas, actuando con una gran negligencia.
La situación que vivimos nos va a dejar muchas asignaturas pendientes, pero también varias lecciones. Las consecuencias de la crisis de 2008 las sufrimos sobre todo las trabajadoras y trabajadores y debemos recordar que el colapso del sistema sanitario actual es consecuencia de las restricciones de entonces. Una vez más, los neoliberales que gobiernan han seguido un camino similar, pero no volveremos a admitirlo.
Hay alternativas, y por nosotras y por nuestras hijas e hijos, tenemos que trabajar para hacerlas realidad. Tenemos que plantear y llevar a cabo alternativas para garantizar el derecho a la salud laboral, fortalecer los servicios públicos, resolver el problema del cuidado, mantener el empleo y las condiciones laborales… Para ello no nos queda más remedio que organizarnos y luchar a las y los trabajadores.
2. ¿Se está garantizando en el Goierri la seguridad en los puestos de trabajo?
La situación de las empresas del Goierri no es homogénea ni idéntica en todas. Por sectores y en función del tamaño de la empresa las cosas cambian mucho. En algunas empresas, mientras se están consensuando con los servicios de prevención y los sindicatos planes y medidas concretas de prevención, en otras muchas se están aplicando y copiando literalmente los criterios publicados por los gobiernos, sin ajustarse a la realidad de los centros de trabajo. Es decir, sólo se está ejecutando el mínimo de cumplimiento del expediente.
Además, hemos detectado una nueva negligencia institucional que consideramos muy grave. No sólo en Goierri, sino en las tres provincias de la Comunidad Autónoma Vasca, OSALAN no está realizando labores de inspección, y así lo han reconocido ante una denuncia. ¿Qué pasa? ¿Los y las trabajadoras podemos ir al trabajo y las y los inspectores no? Esta situación ha vuelto a poner de manifiesto las carencias de la administración y de los responsables actuales.
Para recibir información o realizar cualquier consulta, hemos habilitado la siguientes página web y dirección de correo: www.bizilan.eus y bizilan@lab.eus