La nueva Ley de Igualdad aprobada hace un año con un amplio consenso parlamentario “dejó muy claro que a partir de ese momento no sería preciso acreditar la presentación de una denuncia judicial para que las mujeres víctimas de violencia machista o de género pudieran acceder a procesos de ayuda y reparación, para que, por ejemplo, puedan cobrar la ayuda económica recientemente anunciada por el Gobierno de Lakua”, explica la parlamentaria de EH Bildu Oihana Etxebarrieta.
Aunque la ley es meridianamente clara en ese punto, el Ejecutivo PNV-PSE no lo ha tenido en cuenta en el programa de ayudas para mujeres que han sufrido violencia dentro del ámbito de la pareja. Las ayudas, que se regulan en la Ley Orgánica 1/2004, fueron presentadas el pasado mes de enero por Beatriz Artolazabal, todavía como consejera de Igualdad, quien explicó que, sin una denuncia judicial o un informe de la Fiscalía, las víctimas no podrán recibir esa ayuda económica porque denunciar a su agresor en los tribunales figura como requisito indispensable para ello, algo que choca frontalmente con lo que dice la Ley de Igualdad aprobada en 2022. En opinión de Etxebarrieta, “eso es un grave error porque, al vulnerar la ley, se está discriminando a muchas víctimas, que ya se están quedando fuera, sin recibir la ayuda a la que tienen derecho”.
Por ello, EH Bildu llevará mañana mismo una moción al Pleno del Parlamento para pedir al Gabinete Urkullu que rectifique ese error. En concreto, Etxebarrieta demandará que se adapten esas ayudas a las bases de la Ley de Igualdad y que se dé cauce a los expedientes que se hayan podido quedar fuera.