AKTUALITATEA

| 2021-09-22 12:10:00

EH Bildu ha registrado en el Parlamento una proposición de ley que busca hacer efectivo el derecho a la vivienda de toda persona. Si se aprueba la iniciativa que ha presentado Unai Fernández de Betoño, el Gobierno de Lakua tendrá la obligación de comprar las viviendas de protección oficial (VPO) que salen al mercado. En la actualidad el Ejecutivo tiene derecho preferente de compra, pero sólo lo ha ejercido 28 veces en los últimos seis años. “Lo que hoy es potestativo con nuestra ley sería una obligación para el Gobierno”. ¿Siempre y en todos los municipios? No. Únicamente en aquellos municipios donde la oferta pública de alquiler protegido no cubra al menos el 80% de las solicitudes registradas en Etxebide, es decir, en la inmensa mayoría de la CAV. De hecho, hoy hay 24.000 viviendas públicas de alquiler, pero el número de solicitantes registrados en Etxebide es de 60.000.

Fernández de Betoño ha explicado que “todas las viviendas adquiridas en aplicación de esta ley se destinarían al alquiler social, que es el principal objetivo de la propuesta, aumentar el parque público de alquiler social”. El parlamentario de EH Bildu ha cuantificado además el impacto económico de la ley en las cuentas públicas: “Teniendo en cuenta que se venden unas 600 VPO al año, el Gobierno necesitaría entre 80 y 90 millones de euros para comprarlas todas, que es aproximadamente el dinero que ahora destina a prestaciones de vivienda. En definitiva, con nuestra propuesta pasaríamos de un sistema basado en prestaciones a un sistema basado en un parque público sólido de vivienda sólido que da respuestas estructurales”.

Indirectamente, además, la ley tendría otro beneficio importante: se acabaría con el fraude, el uso de dinero negro, que en algunos municipios está tan extendido en las compraventas de VPO.

La ley propuesta por EH Bildu también sería de aplicación en el mercado libre de vivienda para limitar la actividad de los fondos de inversión. Según la Ley de Vivienda vigente desde 2015, el Gobierno puede intervenir y tiene derecho preferente de compra en algunas compraventas de viviendas libres, pero hasta ahora nunca la ha ejercido. Fernández de Betoño indica al respecto que “nuestra propuesta de ley no le obliga en este caso a adquirir pisos, pero sí amplía sus posibilidades de intervenir, sobre todo pensando en las grandes compras que hacen los fondos buitre; planteamos que cuando alguien vende de golpe más de cinco viviendas el Gobierno tenga preferencia para comprarlas y añadirlas al parque público de alquiler”.

En este sentido, el parlamentario abertzale ha recordado que en 2016 un fondo buitre adquirió 520 pisos en el barrio donostiarra de Benta Berri, en 2020 otro fondo se hizo con 320 viviendas de alquiler en distintos barrios de Donostia y también en 2020 un tercer fondo compró 490 viviendas de alquiler público a un banco en Salburua y Zabalgana, en Gasteiz. “Solo comprando las viviendas de estas tres operaciones, la Administración habría incrementado un 6% su oferta de alquiler social”.