AKTUALITATEA

| 2024-10-12 10:24:00

Una vez superado el intenso ciclo electoral de los últimos dos años ha arrancado a pleno rendimiento la actividad en las instituciones sin la interferencia que suponen las continuas convocatorias electorales. Se abre pues un período que se antoja favorable para acometer los necesarios debates para afrontar los grandes retos, las grandes transformaciones, a los que se enfrenta la sociedad alavesa. Retos compartidos, en su mayor parte, con el conjunto del país.

Cada vez resulta más evidente que los síntomas de agotamiento del tejido socioeconómico alavés y que nos hacen perder posiciones como sociedad se perciben cada vez con mayor nitidez. Sobre todo en dos de los sectores económicos estratégicos para el mantenimiento de la calidad de vida en nuestro territorio.

Seguimos teniendo un sector industrial altamente dependiente de los combustibles fósiles y que debe acometer una rápida transformación hacia la descarbonización, mientras compite con productos de potencias emergentes, para adaptarse en algunos casos y reinventarse en otros; automoción, oil&gas, aeronáutica, industria del caucho… los cambios que se avecinan, que en muchos casos ya están en marcha, serán de calado y cambiarán radicalmente el actual modelo de producción y consumo.

A esto se une la situación de un sector primario sumido, durante décadas, en una profunda crisis. Un sector envejecido y con grandes dificultades para afrontar un cambio generacional, entre otras muchas razones, por estar condenado a ser un sector subsidiado, sin reconocimiento social y con duras condiciones laborales. Un sector que requiere de soluciones a corto plazo para garantizar su supervivencia pero que paralelamente, siendo estratégico,  requiere de visión futuro por parte de las instituciones para establecer un modelo sostenible y de cercanía que nos garantice los alimentos en el futuro. No podemos seguir exportando todo aquello que producimos e importando todo aquello que consumimos. No es ni lógico ni sostenible.

El liderazgo público-colaborativo es indispensable para facilitar, acompañar y dotar de dirección estratégica a las transformaciones de ambos sectores. Para, a la vez que transformamos nuestro tejido económico, responder también a los principales retos socio-políticos del momento histórico.

Debemos ser capaces de garantizar el bienestar de la ciudadanía reforzando aquellos derechos y servicios que garantizan la construcción de vidas dignas y que durante las últimas décadas se han visto claramente degradados: sanidad, educación, servicio de cuidados, acceso a la vivienda, incluso el acceso al ocio y la cultura.

Garantizar un reparto de la riqueza justo y poner freno a la cada vez mayor brecha social generada por la acumulación de capital en cada vez menos manos. La tan largamente anunciada reforma fiscal no puede limitarse a retoques menores en nuestro actual sistema fiscal. Este país necesita una verdadera reforma fiscal, que avance en progresividad y reduzca la brecha social, que nos aproxime a estándares europeos y que garantice la necesaria capacidad financiera para que las instituciones puedan hacer frente, también económicamente, a los grandes retos de época.

Hacer frente al cambio climático y avanzar con rapidez en la descarbonización de nuestra sociedad es  otro de los grandes retos del momento. La transición ecosocial que, desde nuestro punto de vista, debiéramos contemplar como una oportunidad en la construcción de una sociedad más justa y sostenible se está convirtiendo en un auténtico problema en Araba. Y esto no es casualidad. Es una consecuencia directa de la desastrosa gestión, o la falta de ella, durante décadas. Hemos perdido un tiempo precioso debatiendo sobre obsesiones en vía muerta como el fracking. Hemos perdido un tiempo precioso para planificar la inevitable transición. Hemos perdido un tiempo precioso para abrir un dialogo social sobre la crisis climática y la socialización de las transformaciones necesarias. Y, mientras tanto, nos ha alcanzado un tsunami de empresas de todos los colores pretendiendo instalar todo tipo de proyectos de renovables en nuestro territorio… sin orden ni control. Y este escenario, lógicamente, está generado indefensión y rechazo entre la ciudadanía, en especial, en la zona rural.

El escenario es cada vez más complejo, sí, pero no podemos resignarnos. Es urgente abrir un dialogo social en el conjunto del territorio. Por nuestra parte seguimos insistiendo en la necesidad de hacer un ejercicio similar al realizado en 2021 en la propuesta Araba Zero Karbono. Debemos establecer colectivamente objetivos claros en reducción de consumo energético e instalación de proyectos de generación de renovables y, conjuntamente, calendarizar escenarios intermedios, empezando por definir con claridad los objetivos a 2030. Revertir la actual situación pasa indefectiblemente por dejar de abandonar este tema en manos de la lógica de mercado, por ejercer un liderazgo claro desde las instituciones públicas, por abrir un dialogo social lo más amplio posible y por ofrecer a la ciudadanía escenarios claros que transmitan certezas y seguridad sobre el futuro que queremos construir.

Junto con el histórico rompecabezas de la cohesión territorial, derivado del peso poblacional de Gasteiz en el territorio, se abre paso con fuerza el reto demográfico consecuencia de las transformaciones socio-demográficas que se vienen produciendo durante las últimas décadas. Facilitar la emancipación de la juventud y la construcción de sus proyectos vitales, responder al envejecimiento de la población, facilitando la autonomía de las personas mayores y garantizando un modelo de cuidados de calidad y responder a los movimiento migratorios como sociedad de acogida que facilita la construcción de nuevos proyectos de vida garantizando la convivencia y la cohesión social se antoja, también, como un reto inaplazable. En ese camino resulta una herramienta fundamental avanzar en la cohesión territorial; revitalizar el ámbito rural de Araba, garantizar el acceso a servicios de su población en igualdad de condiciones con la de la capital, será una tarea ineludible en la construcción de una sociedad más justa y equilibrada.

Y por último, y no por eso menos importante, no podemos dormirnos en los laureles ante la ola reaccionaria que se está levantando en el panorama internacional. Afortunadamente el autoritarismo no tiene predicamento en Araba gracias a que nuestra sociedad cuenta con valores mayoritarios, labrados durante décadas, profundamente arraigados; justicia social, igualdad, feminismo, solidaridad, diversidad… son parte del ADN colectivo alavés y la mejor de las vacunas contra los discursos reaccionarios. Es nuestro deber, y es deber también de las instituciones públicas, cuidar y cultivar esos valores colectivos pues son los cimientos sobre los que poder afrontar todos estos grandes retos edificando, a la vez, una sociedad más justa y sostenible.

Para alcanzar estos objetivos dos son las principales herramientas que debemos articular durante los próximos meses y años.

La primera de ellas se refiere a la alineación y la articulación de las capacidades colectivas e institucionales del país en una dirección compartida. Somos una nación pequeña que debe afrontar grandes retos y por ello es imprescindible superar dinámicas del pasado. Desde el respeto al reparto competencial y el reconocimiento de las diferentes realidades, hay que superar las disputas entre territorios y la politiquería entre partidos para ser capaces de orientar todo nuestro potencial en una dirección estratégica lo más ampliamente compartida. Ese es el sentido y la lógica de la oferta de EH Bildu de cara a la aprobación de los presupuestos de las cuatro principales instituciones de esta parte del país.

La segunda tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones y gestionar todo aquello que afecta a la construcción de un futuro mejor. Y, en ese sentido, el debate sobre el nuevo Estatus Político se presenta fundamental, no solamente para avanzar en el reconocimiento nacional de Euskal Herria, en la capacidad de decisión de la ciudadanía vasca y en la relación de igual a igual con el Estado Español, también para dotarnos de las herramientas y competencias necesarias para garantizar los derechos de la ciudadanía y afrontar los grandes retos de época en pleno siglo XXI.