AKTUALITATEA

| 2026-06-09 08:06:00

Hace algunas semanas, los gobiernos de España, Portugal, Italia, Alemania y Austria solicitaron a la Unión Europea que estableciera un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, con el fin de aliviar el esfuerzo económico que tanto las empresas como la ciudadanía tendrán que realizar para hacer frente a las consecuencias de la crisis generada por la Guerra de Irán. En este contexto, EH Bildu solicitará en las Juntas Generales de Gipuzkoa el restablecimiento de dicho impuesto.

El impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas no es una medida nueva. De hecho, se implantó en 2022 en el contexto de la guerra de Ucrania y para hacer frente a sus consecuencias. En aquel momento, el precio del gas se encareció considerablemente y provocó un aumento de la inflación. Sin embargo, las empresas energéticas multiplicaron sus beneficios. Ante esa situación, se estableció de forma temporal un impuesto sobre esos beneficios extraordinarios. La medida estuvo en vigor durante dos años.

La situación vuelve a repetirse ahora: la crisis generada por la guerra de Irán está siendo sufragada por empresas y ciudadanía. Además, algunas de las medidas importantes adoptadas hasta ahora, como la reducción del precio de los combustibles mediante la bajada del IVA, han provocado que un tercio de ese descuento haya terminado en los bolsillos de las empresas energéticas. Estas compañías han vuelto a multiplicar sus beneficios. Según datos oficiales, en el primer trimestre de 2026 los beneficios de las cinco mayores compañías petroleras europeas aumentaron un 80 % y, en concreto, Repsol incrementó su beneficio neto en un 154 %.

EH Bildu considera que esta situación no puede repetirse y que es necesario adoptar medidas para defender los intereses de la mayoría de la ciudadanía y de las empresas. Por ello, la iniciativa que se presentará en el pleno de las Juntas Generales de Gipuzkoa el día 10 tiene como objetivo, además de volver a activar el denominado escudo social, gravar adecuadamente esos beneficios extraordinarios para limitar el comportamiento económico de las empresas energéticas y priorizar el bienestar del conjunto de la sociedad por encima de sus intereses particulares.

En definitiva, se pretende garantizar un sistema fiscal más justo y la suficiencia financiera de todas las instituciones, y para ello la tributación de esos beneficios extraordinarios constituye el primer paso en esa dirección