AKTUALITATEA

| 2025-03-05 14:33:00

Desde el inicio de la legislatura se han sucedido sentencias contra las exigencias de euskera de los puestos de trabajo públicos en araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Y todas impiden la normalización del euskera y vulneran el amplio consenso conseguido durante años en este país. La visión general de estas sentencias es restrictiva y ponen en cuestión todo el régimen y el proceso de normalización del euskera.

"Los accesos al uso del euskera están quedando sin seguridad jurídica y esta afirmación no es baladí, porque todas las sentencias tienen un elemento común: establecer la prevalencia del castellano sobre los derechos lingüísticos de la ciudadanía", ha explicado la portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte.

Y esto implica que en este momento la política lingüística haya sido asumida como competencia propia por los jueces, sobre todo en Euskal Herria. Y lo que ayer era justo es ilegal argumentando varias razones. "Por lo tanto la política lingüística tiene que estar donde siempre ha estado en los parlamentos elegidos por la ciudadanía y en los gobiernos resultantes de ellos, no en los tribunales", ha declarado Iriarte.

En Euskal Herria la responsabilidad individual, el trabajo de los agentes sociales, ha sido fundamental para llegar hasta donde estamos, es imprescindible reconciliar todo esto con las instituciones y caminar hacia una revitalización intensificando la colaboración.

Por ello, consciente de la importancia que tiene el desarrollo de las políticas públicas de revitalización del euskera con todas las garantías y consciente de que estamos en un momento crucial, ha propuesta de EH Bildu se ha aprobado hoy en las Juntas Generales de Gipuzkoa que la Diputación apueste por los cambios legislativos necesarios que den seguridad jurídica al euskera y por el desarrollo de los nuevos instrumentos jurídicos necesarios para dar un salto en las políticas lingüísticas.