Desde EH Bildu Getxo estamos desarrollando una propuesta para mejorar la movilidad y la seguridad en el entorno de los centros escolares del municipio. En Getxo contamos con más de 18 centros escolares, desde la haurreskola hasta los institutos, en prácticamente todos los barrios: Zubileta, Azkorri, Andra Mari, Larrañazubi, Algorta, Romo, Areeta... Si bien cada centro cuenta con su propia realidad, salvo contadas excepciones la mayoría de los mismos no están ubicados en espacios peatonales, y en algunos de ellos se generan aglomeraciones en la entrada y en la salida del alumnado, tráfico, problemas de accesibilidad y riesgo etc.
El acceso en bicicleta, en cambio, sigue siendo testimonial. Para la muestra un botón: de los 18 centros ubicados en Getxo, tan solo en Romo disponemos de un bidegorri para llegar al centro escolar. En el resto, el acceso en bicicleta no se garantiza de forma segura, puesto que se debe realizar por la carretera o la acera. Varios centros han reivindicado ya esta necesidad, pero el Ayuntamiento no ha atendido esta petición, al menos de momento.
Ante esta situación, desde EH Bildu hemos comenzado a realizar una propuesta que analice diferentes opciones y proponga alternativas: crear espacios de prioridad peatonal, una plataforma única, habilitación de bidegorri, horarios de uso, limitación de tráfico... Todo ello, además, para seguir impulsando la autonomía del alumnado, para que puedan acceder de forma segura e independiente a los centros escolares, y crear también entornos más amables alrededor de los centros escolares. Esta propuesta también se debería realizar consensuándola con los vecinos y vecinas de la zona.
Por todo ello, en este momento estamos recogiendo las aportaciones de las direcciones de los centros, así como de los padres, madres, alumnado y vecinos y vecinas. En el caso de contar con alguna idea o propuesta, agradeceríamos que se nos haga llegar a la dirección getxo@ehbildu.eus o en el nuevo Bilgune que acabamos de abrir en el número 67 de la avenida Basagoiti de Algorta.
El pasado viernes se celebró la comisión extraordinaria relacionada con el derribo del palacete Irurak Bat. La comisión no se celebró por la buena voluntad del Equipo de Gobierno, sino porque desde EH Bildu y Elkarrekin Podemos forzamos su convocatoria. Lamentablemente, quedó en evidencia su nula disposición a aclarar lo sucedido y asumir responsabilidades: no acudió la alcaldesa, ni los/as concejales/as cooperativistas, ni el personal técnico (aunque suele ser habitual en las comisiones ordinarias). Toda una declaración de intenciones.
Ante esta situación, desde EH Bildu hemos decidido acudir a la fiscalía, para que un ente externo investigue de forma independiente si ha habido irregularidades y si han incurrido en ilícito-penal. La fiscalía ya ha remitido la documentación al Juzgado de Getxo, por lo que a pesar de los obstáculos del Equipo de Gobierno, sí que se investigará lo ocurrido con el derribo del palacete. En cualquier caso, desde EH Bildu seguimos haciendo hincapié en que se trata de un caso más entre los muchos edificios históricos que se están derribando en Getxo, con el permiso del Ayuntamiento.
Las irregularidades no se limitan al patrimonio histórico, fiel reflejo de ello es el PGOU, recién aprobado de forma provisional por PNV, PP y PSE. Una actuación que ha pasado bastante desapercibida es la ampliación de Fadura, pero tal y como hemos denunciado esta misma semana, se realizará en una zona de alta vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos y no cumple el PTS de Zonas Húmedas. Los terrenos están catalogados como Agroganadera y Campiña; Zona de Mejora de Ecosistemas y Área degradada a recuperar. En 2022 el Gobierno Vasco alertó al Ayuntamiento sobre esta situación, le requería analizar el impacto de esta actuación o a modificarlo, pero el Equipo de Gobierno no lo ha hecho. Es tal la arrogancia del Ayuntamiento que ni siquiera atiende los requerimientos de instancias superiores. Veremos qué consecuencias tiene esta actuación en el conjunto del plan. Desde EH Bildu seguiremos presionando para un PGOU que priorice las necesidades de la ciudadanía, en lugar de los intereses de promotoras y constructoras.